Aunque Chemical Products firmó en 2012 un contrato con el Distrito, por $5.800 millones, para prestar el servicio de aseo en instituciones educativas, convirtiéndose en contratista, la Administración sería solidariamente responsable “con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”, según el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, (C.S.T.).
Este es el argumento con el que la defensa de extrabajadores de la empresa Chemical Products le está cobrando al Distrito cerca de $3.600 millones, resultado de multiplicar el pago de un mes de salario más indemnizaciones, por cada uno de los 600 trabajadores.“La responsabilidad le queda al Distrito por haber contratado estos servicios con una persona natural (Chemical Products), que es un establecimiento de comercio, y cuyo representante legal estaba inhabilitado; esto le generó una responsabilidad directa al Distrito sobre los perjuicios a los trabajadores y tendrá que asumirla de acuerdo al C.S.T”, explicó Carlos Moreno, abogado apoderado de 137 personas que prestaban aseo en escuelas y colegios.“Detrás de cada una de las reclamaciones de estas personas, que en su mayoría son mujeres cabeza de hogar, hay una necesidad abrumadora porque tenían la esperanza que al finalizar su relación de trabajo le cancelaran cada una de sus acreencias laborales”, dijo el abogado Moreno.El contrato fue cancelado en diciembre de 2012.Según la defensa, a los reclamantes debió pagárseles la liquidación laboral del periodo comprendido entre el 1 de junio del 2012 al 30 de diciembre del 2012.“Pero a la fecha se les adeuda a cada trabajador el salario correspondiente al mes de diciembre del 2012, y las prestaciones sociales correspondientes a vacaciones, cesantías intereses a la misma y la correspondiente indemnización moratoria establecida por el Art. 65 del C.S.T.”, agregó el abogado defensor.
EL CASOEl pasado 28 de mayo de 2012, el Distrito contrató a la firma Chemical Products, contra cuyo gerente, Adolfo Herrera Monsalve, persistía una inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero que presuntamente afectaba su calidad también de contratante con el Estado y entidades públicas.Esa condición puso en el ojo del huracán varias de las contrataciones de la firma en otras ciudades, que fueron frenadas.De igual forma, en todo el país iban creciendo las denuncias de trabajadores y extrabajadores de esa firma, por la falta de pagos de salarios, prestaciones y otras prebendas laborales.Herrera Monsalve se defendió y aún lo hace, diciendo que no se estaba postulando a ningún cargo público y que dicho contrato es legal. Ante la apertura de investigaciones por el hecho, por parte de la Contraloría General, Procuraduría y Personería Distrital, terminaron suspendidos el alcalde Campo Elías Terán Dix y su secretaria de Educación, Rosario Ricardo.
