La Contralora General, Sandra Morelli, explicó que la intervención en el tema de la gobernabilidad en Cartagena se ha dado por posibles irregularidades que obligan a los organismos a actuar.
“Entendemos la preocupación de la ciudadanía y por eso estamos llevando los procesos en tiempo record con respecto a los que ordinariamente llevan en un proceso fiscal”. Expresó.
Morelli habló sobre la expectativa con respecto al tema del alcalde electo Campo Elías y la imprecisión sobre el momento en que fue suspendido de su cargo, porque al parecer, en ese momento aún se encontraba incapacitado y no es posible suspender a alguien que no está laborando.
También hizo precisiones sobre el pago de las multas por parafiscales de Chemical que asciende a los 590 millones de pesos y la manera en que esto influiría en la acción fiscal durante el proceso del alcalde electo. La Contralora mencionó la situación de Transcaribe y el hallazgo de significativos sobrecostos en las obras.
Campo Elías Terán
“Respecto del tema del alcalde, en el proceso que está próximo a terminar primera instancia, si es que ya no se terminó, e irá a una segunda instancia que se desarrollará en Bogotá y no durará más de 20 días. En ese proceso en concreto hay una suspensión”, dijo Morelli.
La contraloría tiene dudas sobre la sucesión de hechos y la causal objetiva de suspensión. Porque la contraloría tiene la idea de que no hubo reintegro del alcalde cuando pidió la última prorroga de la licencia por razones de enfermedad. En ese caso, el organismo de control fue muy claro en solicitar que se procediera la suspensión una vez se verificara el reintegro, porque nadie puede ser suspendido si no esta ejerciendo.
“Ese es un punto que yo le he pedido a las instancias judiciales donde se tramita la tutela, que verifique con las debidas pruebas, y eso determinará en consecuencia como actuará la entidad. Una decisión definitiva se conocerá en el termino de un mes”.
Con respecto al proceso que se lleva por el tema de los contratos de aseo, la defensa de Campo Elías dice que como no ha habido detrimento patrimonial, si la empresa implicada paga las multas por parafiscales la investigación quedará ahí.
Ante este planteamiento, la contralora explicó que existe una norma que establece que en caso de control fiscal y de la responsabilidad fiscal, si hay pago, como el proceso no es sancionatorio sino reparatorio, pues se extingue la acción fiscal.
Pero que no ha sucedido ningún acercamiento por parte del acreedor de este pago, y que lo único que puede decir objetivamente es que “no ha sucedido acercamiento alguno porque yo habría sido avisada oportunamente y de ser así hubiera cesado la acción fiscal”.
En la actualidad, el monto definido para el pago que se debe realizar es de 590 millones de pesos y no ha habido interés del contratista por pagarlos.
Con respecto a una posible separación de Campo Elías del cargo, Morelli recalcó que existe una norma en el estatuto anticorrupción que establece que cuando hay una definición de responsabilidad fiscal, dependiendo de la cuantía, la persona queda separada del cargo por un periodo de tiempo determinado en la norma. Pero que es algo que no es precisamente fiscal, más bien disciplinario.
Transcaribe
El sistema de transporte masivo no fue una competencia de la Contraloría General sino hasta el momento en que se optó por hacer primero una auditoria conjunta. La Contraloría General no estuvo satisfecha de los resultados que logró cuando trabajó con la Contraloría Distrital y finalmente le llegó a Transcaribe mediante un control excepcional, desde entonces, se vienen haciendo investigaciones que en este momento identifican sobrecostos importantes, que aún no están cuantificados de manera definitiva, pero no son resultados alentadores.
El departamento de Bolívar
Con respecto a las auditorias que se han hecho en el departamento, Morelli explicó que hay una presencia de control fiscal mucho mayor que la última vez que visitaron la región, y mencionó beneficios de auditoria de acuerdo a un concepto legalmente definido de 32 mil millones de pesos, uno de esos beneficios que resaltó, tiene que ver el haber logrado que no se hiciera una renegociación que hubiera hecho mucho más gravoso el costo de servicio de aseo para Cartagena.
Foro del medio ambiente en el XI Congreso de Altas Jurisprudencias
Morelli adelantó que es muy importante la participación de la Contraloría General en este ambiente, porque finalmente son las jurisprudencias, las dediciones judiciales del mundo que se juntan para hacer un balance del estado del arte y para refinar conceptos fundamentales en este momento del desarrollo, no solamente de Colombia sino de muchos países donde la minería tiene una importancia capital en el desarrollo económico.
“El tema de particular interés para la contraloría en este evento, tiene que ver con la cuantificación del daño ambiental. La jurisprudencia colombiana y el consejo de estado es pionera en el tema de responsabilidad del Estado y en establecer metodologías rigurosas y creativas en la materia” añadió la Contralora.
La funcionaria se pronunció en materia de daño ambiental y su relación con la Contraloría general. Explicó que hay unas bases, pero para el organismo de control se traduce en una competencia siempre y cuando ese daño ambiental tenga que ser asumido en su reparación, con recursos del fisco nacional, generando un daño fiscal.
“En este evento hay un grupo importante de la contraloría que estará presente por primera vez en uno de estos escenarios cerrados donde solo participan los magistrados”.
