A pesar de que la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de Casación Penal, resolvió declarar penalmente responsable al exgobernador Libardo Simancas como “autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, (...) y por el cual se le acusó y aceptó cargos”, el hoy condenado rechazó las publicaciones de este y otros medios, por considerarlas ‘perversas’ a raíz de la forma cómo publicaron apartes del fallo.
“Su noticia y la de otros medios es ‘trasnochada’, ya que mi sentencia fue proferida el 20 de junio, prácticamente hace un mes y sin embargo, con ella se ha hecho un festín y me ponen expresiones que yo jamás he pronunciado”, escribe Simancas. (Lea más sobre Libardo Simancas)
Sin embargo, fue hace solo 7 días que la opinión pública conoció que ocho magistrados de la Corte firmaron la condena contra Simancas, imponiéndole una pena principal de 45 meses de prisión, multa de 3.250 salarios mínimos legales, y negándole los beneficios de suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
Simancas dice que rompió su silencio por “la difícil situación que me ha tocado padecer, como consecuencia de este proceso en donde se le da más credibilidad a los bandidos que a la gente de bien”.
El Universal destacó que la rebaja de la pena se produjo porque Simancas se acogió a la figura de sentencia anticipada, aceptando los cargos, luego de leer la sentencia.
Cabe mencionar que el periódico El Heraldo, de Barranquilla, también publicó en el mismo sentido los apartes de la sentencia condenatoria titulando “Sí, soy un parapolítico”.
Pero el exgobernador rechaza la actitud de la prensa en el manejo de la información sobre su caso: “Los medios (...) en su afán mediático y sensacionalista por vender la noticia, le hacen el juego a toda esta situación y despiadadamente registran (...) hechos que no han sucedido, sin medir el daño material y moral que le hacen a las personas y a sus familias”, escribe.
Sobre su condena
Simancas explicó que aceptó una reunión convocada por Salvatore Mancuso en casa de la entonces congresista Eleonora Pineda, pero que ello obedeció a presiones y amenazas cuando era candidato a la gobernación de Bolivar.
“Dicha reunión obedecía a lo que ya habíamos denunciado ante el miembro de la comisión exploratoria del Gobierno nacional para los diálogos con las AUC, Eduardo Espinosa Facio-Lince, ante el Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y ante los medios de comunicación, a propósito de las obstrucciones e interferencias de que estaba siendo objeto mi campaña”, explica.
Los mencionados
Simancas reiteró: “No he pronunciado ni confesado la condición que despiadadamente me hace su titular (de El Universal) ni delatado ni sindicado a las personas que su información registra, como nunca estuve en las reuniones de Barranco de Loba o en Pueblito Mejía, son referencias procesales que no son de mi autoría”, dice Simancas.
De hecho en la sentencia, dos testigos mencionan las reuniones de paramilitares con congresistas hoy condenados por parapolítica, como William Montes, Javier Cáceres y José María Imbet, citados por este medio, sin decir que fuera Simancas quien los mencionó.
De paso, Simancas negó que Cáceres hubiera ido con él a reunión alguna: “Para la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia ese hecho constituye el delito de concierto para delinquir agravado y esa calificación es la que me he visto precisado aceptar, porque anticipadamente ya habían condenado a varias de las personas que me habían acompañado y aún a otras que no estuvieron, como el caso del senador Cáceres”, dijo.
Habla Hilsaca
De otro lado, el empresario Alfonso Hilsaca Eljaude, en comunicación enviada a este medio, destacó que su vinculación con una reunión llevada a cabo en el poblado de El Caramelo fue investigada y precluida por la Fiscalía, lo cual es un caso cerrado.
Hilsaca lo explica así: "La Fiscalía General de la Nación, encabezada por la Fiscalía 26, Unidad Nacional contra el Terrorismo, ya me investigó por el delito de concierto para delinquir, por presuntos vínculos con las AUC, concluyendo que no existían fundamentos fácticos ni probatorios para proferir resolución de acusación en mi contra, razón por la cual el 10 de marzo de 2010, profirió resolución de preclusión en mi favor", dice.
Hilsaca aclara que si bien estuvo en una reunión en el poblado El Caramelo, su presencia se debió a problemas de seguridad:
"(Yo) Estaba siendo objeto de extorsiones y amenazas por los miembros de las AUC, razón por la cual, no asistí a la reunión con fines políticos, ni propósitos de financiamiento de la campaña de Libardo Simancas, ni con la intención de obtener contratos con el departamento con posterioridad, pues no existe registro o prueba alguna de dicha situación, sino con el único propósito de exponer mi situación de seguridad y evitar que se me siguiera extorsionando", dice Hilsaca Eljaude.
El empresario, alegando derechos de intimidad y buen nombre reiteró que no se identifica con ningún alias o sobrenombre.
Sin embargo, nuestra cita sobre la reunión en Tierralta, Córdoba, poblado El Caramelo, no es de producción propia, sino que se funda en los testimonios del líder comunal del municipio de Tiquisio (Bolívar), Alberto Antonio Carvajal Díaz, anunciadas en la sentencia de la Corte Suprema, que El Universal conoció y citó.
