La aprobación del proyecto de reforma a la justicia en la Comisión Primera del Senado, abrió el debate sobre si verdaderamente la enmienda constitucional va a solucionar el problemas de esta rama.
Las diferencias quedaron manifiestas con el acuerdo entre el Congreso, las cortes y el Gobierno de no hacer modificaciones a la tutela y dejar con vida el Consejo Superior de la Judicatura.
Tanto así que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino reconoció que la concertación no significa que haya un acuerdo concreto.
El Magistrado trajo a colación el tema de la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de la cual dijo que no comparte su desaparición, por lo que reiteró que “tenemos nuestras diferencias como esa y hay otros puntos, no hay un acuerdo total, de eso se trata, de reflexionar, de pensar, de cuestionar”.
El presidente Juan Manuel Santos salió al paso de las críticas y dijo que en el acuerdo de la reforma no hubo vencidos, tras agregar que tampoco es “un acuerdo de horas”, sino que es producto de las discusiones que se dieron durante más de un año.
Al referirse a que no se tocó la tutela contra sentencias dijo que en un consenso “se decidió mantener el status quo, preservando la forma en que viene operando esta acción fundamental para todos los ciudadanos.
En el camino que resta al proyecto es probable que se hagan modificaciones al proyecto.
El País presenta las principales modificaciones que plantea el proyecto de reforma constitucional.
1. Eliminación de la Comisión de Acusaciones:
El texto aprobado por el Senado determinó la abolición de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y plantea la creación de una Comisión Especial, integrada por nueve magistrados, que se encargará de adelantar los procesos penales en contra de los aforados. Los casos disciplinarios serán asumidos por las altas cortes.
Esta decisión acabaría con las funciones que tiene esta Comisión, la cual está facultada constitucionalmente para adelantar investigaciones en contra de los magistrados de las altas Cortes, el Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República.
2. Se transforma el Consejo Superior de la Judicatura:
A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, habían insistido en que el Consejo Superior de la Judicatura debía desaparecer, finalmente en el acuerdo se determinó su transformación y no su eliminación.
Dentro de los cambios, en este Consejo se elimina la sala administrativa y se crea una sala superior de Gobierno. Los magistrados de la sala disciplinaria mantienen sus funciones.
La actual composición del Consejo es de dos salas: la Administrativa que tiene seis magistrados, y la Disciplinaria con siete.
3. Doble instancia de juzgamiento de congresistas:
Uno de los temas que más se ha defendido en el Legislativo es la necesidad de la implementación de la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, la cual tuvo vía libre en el proyecto de reforma a la justicia.
La propuesta establece que se crean magistrados instructores y magistrados juzgadores de primera instancia. La segunda instancia quedará en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente los congresistas son juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema en única instancia, es decir que no hay posibilidad de apelar un fallo condenatorio.
4. Se garantizan más recursos para la justicia:
En el proceso de concertación de la reforma, las cortes le solicitaron al Gobierno que destinara el 5% del presupuesto nacional para esta rama.
Eso significaba que recibirían $8,8 billones al año. Esta solicitud no tuvo eco en el Ejecutivo, pero finalmente se aprobó una fórmula para garantizar los recursos. Anualmente habrá un incremento en un porcentaje igual a la inflación esperada más un 2% adicional. Además, el Gobierno destinará un billón de pesos en los próximos cinco años ($200 mil millones por año) para la descongestión. Actualmente la Justicia recibe el 1,2% del presupuesto nacional para su funcionamiento.
5. Justicia Penal Militar más fortalecida:
Uno de los temas que llegó a última hora a la reforma fue el de la ampliación del fuero de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que una vez se presente una situación en caso del servicio de los miembros de la Fuerza Pública, las investigaciones o procesos llegarán primero a la justicia penal militar.
Esta modificación cambia el actual esquema en el que muchos de los procesos sobre responsabilidades penales de los uniformados son conocidos por la justicia ordinaria, la cual puede determinar si alguno de esos casos debe pasar a manos de la justicia militar.
6. Desjudicialización de los delitos menores:
Uno de los artículos, calificado como la columna vertebral de la reforma, fue el que tiene que ver con la desjudicialización de algunos procesos llamados de pequeñas causas, para que sean los notarios, los abogados y los inspectores de Policía los que puedan solucionarlos.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aclaró que no se trata de privatizar la justicia y dijo que los notarios o abogados no están facultados para recabar las pruebas.
En la actualidad delitos como robo de celulares, conducir ebrio, etc., son judicializados por los jueces, lo cual aumenta los términos y no hay detención efectiva.
