En una de las mayores crisis migratorias de América Latina, más de 1.2 millones de mujeres venezolanas han sido registradas en Colombia bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una iniciativa del Gobierno nacional para garantizar derechos y promover la integración. Sin embargo, los datos revelan que el acceso a servicios básicos como la salud y la educación sigue siendo un reto urgente para esta población.
Según el informe del Observatorio de Migraciones de Migración Colombia y el Departamento Nacional de Planeación, al 31 de enero de 2024, el 74,6% de las mujeres migrantes entre 18 y 29 años considera difícil o muy difícil acceder a servicios de salud. Este dato es alarmante si se tiene en cuenta que se trata de una población en edad fértil, muchas de ellas en proceso de crianza o embarazo.
La situación no mejora con la edad. Aunque el porcentaje disminuye ligeramente en mujeres mayores, sigue siendo preocupante. Entre las mayores de 70 años, un 9,26% considera “imposible” acceder a salud, reflejando una exclusión severa de las redes de atención sanitaria, especialmente en regiones apartadas.
Además, se identificaron brechas en el acceso a controles prenatales y afiliación a servicios de salud, factores fundamentales para la garantía del derecho a la vida y el bienestar de madres y niños. La falta de información, el estatus migratorio, el desconocimiento del sistema de salud colombiano y la discriminación son algunas de las barreras señaladas por las mujeres migrantes.
Educación: un camino desigual para migrantes de Venezuela
En el ámbito educativo, los resultados muestran una mejor percepción, aunque persisten desafíos importantes. Para los menores de edad migrantes, la opción más común fue considerar el acceso a la educación como “fácil”, con un 32,55% de niñas entre 0 y 7 años reportándolo así. Sin embargo, esta cifra desciende con la edad y se invierte para jóvenes entre 18 y 29 años, donde el 59,14% de las mujeres considera el acceso “algo difícil” o “muy difícil”.
Este cambio refleja la tensión que enfrentan muchas mujeres jóvenes migrantes al intentar continuar sus estudios o validar sus títulos en un nuevo país. La necesidad de trabajar, cuidar hijos o familiares, o la falta de recursos para pagar transporte o conectividad, impiden en muchos casos que puedan avanzar en su formación.
Desigualdad con rostro de mujer
El informe también da cuenta de cómo las responsabilidades de cuidado recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres migrantes. Muchas están a cargo de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, lo que limita aún más sus oportunidades de estudiar o trabajar. A esto se suma el hecho de que un porcentaje significativo de mujeres migrantes no tiene redes de apoyo familiar en Colombia, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Frente a este panorama, organismos como el DNP y Migración Colombia han reiterado la importancia de adoptar un enfoque de género e interseccional en la política pública. Garantizar el acceso a salud y educación no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una inversión en el desarrollo y la cohesión social.
Hacia una integración efectiva
Colombia ha sido pionera en América Latina en establecer mecanismos de regularización como el ETPV, pero los retos no terminan con la documentación. Se necesita un esfuerzo articulado entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional para asegurar que la integración sea real, y no solo un trámite en papel.