En una democracia sólida, la confrontación de proyectos políticos debe dirimirse en las urnas mediante el debate de ideas, propuestas y programas de gobierno. Por eso, la sola sospecha de que desde las más altas esferas del poder público se haya pretendido instrumentalizar a antiguos jefes paramilitares desmovilizados para fabricar testimonios o enlodar la reputación de rivales en contienda, envenena el ecosistema institucional y vulnera los principios elementales del Estado de Derecho.
Las recientes revelaciones en torno al denominado ‘Pacto de Valledupar’ plantean un escenario de extrema gravedad que no puede abordarse como otro escándalo mediático. Incluso, bajo la premisa de que el denunciado pacto no llegó a concretarse debido al rechazo de los propios convocados, la sola tentativa de coordinar la calumnia desde dependencias oficiales constituye una afrenta inaceptable a la ética pública.
La justicia transicional, el esclarecimiento de la verdad y los espacios de concertación con actores armados no pueden, bajo ninguna circunstancia, convertirse en moneda de cambio electoral ni en un aparato de persecución política. Utilizar la vocería o el estatus de desmovilizados para torcer la voluntad popular mediante falsas imputaciones atenta directamente contra la transparencia democrática y revive las peores prácticas del pasado.
No sabemos si es cierto o no lo denunciado sobre el tema, pero, frente a la gravedad de los testimonios ofrecidos por exfuncionarios del pasado Gobierno, y ratificados por antiguos jefes paramilitares, la respuesta de los organismos de control y de las instancias judiciales debe ser categórica, diligente e imparcial.
Las denuncias penales instauradas y la eventual compulsa de copias ante las autoridades competentes exigen una investigación rigurosa que determine si existieron órdenes explícitas, abuso de función pública o uso indebido de recursos del Estado para articular tramas de desinformación.
Es indispensable deslindar las opiniones políticas de las pruebas judiciales. Si se comprueba la veracidad de estas presiones, los responsables deberían padecer las consecuencias penales y políticas de sus actos; si, por el contrario, se trata de una narrativa infundada, la justicia deberá despejar las dudas para proteger la legitimidad de las instituciones.
El país no puede tolerar la degradación de la política mediante la fabricación de culpables ni el contubernio con el crimen organizado para condicionar el resultado electoral. La sociedad exige que la verdad se construya sobre hechos verificables y que las campañas políticas se mantengan al margen de maniobras espurias.
En este caso aún hay mucha tela por cortar; pero la defensa de la democracia requiere condenar con la misma firmeza tanto la corrupción consumada, como la tentativa de instrumentalizar la justicia.