Un año y cuatro meses después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la investigación ha tomado un nuevo impulso mediático y judicial. Frente a las recientes declaraciones e informaciones aportadas por la viuda del dirigente político, María Claudia Tarazona, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, ratificó el compromiso de la Fuerza Pública y la Fiscalía de avanzar hasta dar con los determinadores e intelectuales detrás del asesinato, reiterando que la instrucción del Ejecutivo es no permitir la impunidad en este hecho que conmocionó al país.
El centro del debate se trasladó a las revelaciones sobre una cadena de mensajes recibidos por la familia y entregados formalmente al ente fiscalizador. De acuerdo con la información divulgada por Tarazona, dos meses antes del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 circuló un mensaje originado en el departamento de Caquetá, que alertaba sobre la preparación de un atentado contra Uribe Turbay o la senadora Paloma Valencia. Dicha comunicación señalaba que la orden habría salido del Congreso de la República, mencionando directamente a Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’ en las ex-Farc y exrepresentante a la Cámara por el Partido Comunes.
Asimismo, las alertas referían la presencia de recursos financieros procedentes de Venezuela entregados en pesos colombianos, un elemento que coincide con las líneas de trazabilidad económica ya acreditadas dentro del expediente penal.
En paralelo, los avances del caso han puesto la mirada en el círculo de seguridad que protegía al candidato a la Presidencia. Las declaraciones judiciales de implicados y peritajes a dispositivos móviles han revelado la presunta fuga de información en tiempo real desde el esquema de protección hacia alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’ y alias ‘El Viejo’ (Simeón Pérez Marroquín, condenado a 22 años de prisión), coordinadores logísticos del ataque atribuido materialmente a estructuras vinculadas a la Segunda Marquetalia. Tarazona cuestionó la ineficiencia de algunos fiscales anteriores y solicitó la rotación del equipo investigador, logrando la asignación de una nueva fiscal asignada para verificar las llamadas, fotos tomadas en eventos previos y pagos coordinados hacia personal de seguridad.
Por su parte, la colectividad del Partido Comunes y el propio Luis Alberto Albán negaron categóricamente cualquier vinculación con el crimen, calificando las acusaciones como actos de estigmatización y manifestando su disposición a atender los requerimientos de la justicia.
En el ambiente queda la sensación de que ese asesinato pudo ser un crimen de Estado. Las investigaciones tienen que decirnos si ello fue así, y si lo que hubo fue el interés de sacar de la competencia a quien claramente se perfilaba como el candidato con más posibilidades de derrotar a la izquierda en el poder.