La transición energética y el desarrollo de la infraestructura estratégica en el país atraviesan un momento de profunda parálisis operativa por cuenta del desbordamiento de las tensiones territoriales y la desarticulación institucional.
Las recientes denuncias formuladas por las principales empresas del sector eléctrico, como el Grupo Energía Bogotá (GEB), ISA y EPM, exponen un panorama en el que la construcción de líneas de transmisión y redes de interconexión se ha vuelto una tarea desmedidamente compleja. Bloqueos sistemáticos, exigencias económicas desproporcionadas en la negociación de servidumbres y la ruptura unilateral de acuerdos han instaurado una dinámica donde el interés particular termina imponiéndose de forma sistemática sobre el bien común nacional.
La problemática radica en el desalineamiento entre la protección legítima de los derechos de las comunidades y la falta de un marco institucional sólido que brinde seguridad jurídica y reglas de juego claras. Cuando la falta de presencia del Estado deja al inversionista privado solo frente a la resolución de conflictos territoriales, la negociación se distorsiona. Exigir valores astronómicos por predios, romper acuerdos previamente pactados o paralizar obras esenciales para el abastecimiento eléctrico del país mediante recursos desproporcionados, no solo eleva los costos de la energía que pagan todos los colombianos; también ahuyenta la inversión privada y pone en riesgo la estabilidad del sistema interconectado nacional.
La consulta previa, concebida como instrumento de participación y protección del patrimonio cultural y social de las minorías étnicas, no puede quedar expuesta a interpretaciones que la desnaturalicen. Se requiere una intervención decidida del Estado para fijar límites claros, agilizar la mediación institucional y evitar que los trámites de concertación se conviertan en procesos indefinidos. La defensa del territorio no es incompatible con el desarrollo de la infraestructura que requiere la colectividad; por el contrario, la transmisión de energía es una condición indispensable para reducir la pobreza y dinamizar la economía regional.
Resulta fundamental que los líderes que orientan a las comunidades étnicas y raizales recuperen el sentido de las proporciones e impartan una leal interpretación a la figura de la consulta previa. Este mecanismo debe ejercerse desde el diálogo constructivo, evitando que la sociedad perciba estos procesos como chantajes previos o como trabas estructurales que paralizan el progreso.
Desvirtuar la naturaleza de la consulta previa no solo erosiona su legitimidad ante la opinión pública, sino que perpetúa la pobreza y frena las oportunidades de un desarrollo social, humano y ambientalmente sostenibles para las propias regiones que aspiran a transformarse.