Las alertas climáticas que hoy anticipan un Fenómeno de El Niño de gran magnitud son un llamado justificado de urgencia nacional. En un país cuya matriz de generación eléctrica depende sustancialmente del recurso hídrico, las sequías extremas no representan solo un desafío técnico de ingeniería o de regulación; también impactan directamente la estabilidad económica, la competitividad de las regiones, el suministro de agua potable y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
La discusión propiciada en Cartagena durante el encuentro Conectados al 2030, organizado por El Universal y EH2 Caribe, dejó una lección incontrastable: la seguridad energética no se improvisa en medio de la emergencia; se edifica con anticipación, evidencia y trabajo articulado. Cuando los embalses bajan y la demanda de electricidad continúa en ascenso, el país no puede darse el lujo de reaccionar de manera reactiva o descoordinada.
Garantizar la resiliencia del sistema exige un engranaje sin fisuras entre los diferentes niveles de decisión pública y privada. Para esto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la llamada a emitir señales regulatorias claras y oportunas que incentiven la disponibilidad del parque térmico y promuevan la eficiencia; XM requiere monitorear de forma continua las variables operativas y el riesgo de desabastecimiento; la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tiene el deber de acelerar los proyectos de expansión e infraestructura que conecten las nuevas fuentes de energía renovable; y las empresas prestadoras del servicio deben robustecer sus planes de contingencia.
Sin embargo, ninguna de estas acciones técnicas tendrá éxito si no se incorpora a las entidades territoriales desde la génesis de las soluciones. Ciudades capitales, gobernaciones y alcaldías son la primera línea de respuesta frente a los impactos socioeconómicos del clima. Como lo ha demostrado la experiencia histórica en la Costa Caribe, las tarifas de energía, la calidad del servicio y la vulnerabilidad ante la sequía son factores profundamente ligados a la gobernabilidad y al desarrollo local. La seguridad energética es, en última instancia, seguridad territorial.
El horizonte de 2030 impone una mirada estratégica que vaya más allá de apagar los incendios de la coyuntura climática calurosa o estival. Responder al reto de un ‘Súper Niño’ demanda planeación de largo plazo, diversificación real de la matriz, certidumbre jurídica para las inversiones y la corresponsabilidad de los usuarios en el uso eficiente del recurso. Si la Nación, los reguladores, el sector privado y las regiones actúan como un verdadero sistema integrado, el desafío del clima no se traducirá en una crisis de desabastecimiento, sino en la consolidación de un modelo energético moderno, resiliente y descentralizado.