Este sábado señalamos la importancia de que la dirigencia cartagenera se pusiera de acuerdo para llevar un solo documento de peticiones esenciales al nuevo presidente, sugiriendo que la Cámara de Comercio de Cartagena lidere ese breve proceso.
Ahora nos referimos a cuál será la agenda que impulsará la bancada de congresistas elegidos por el departamento de Bolívar, considerando que también los parlamentarios tienen, por mandato, la capacidad y la obligación de convertirse en los principales gestores e interlocutores del desarrollo regional.
Por ello, antes de pretender radicar nuevas iniciativas de papel para inflar estadísticas camerales, la bancada de Bolívar puede asumir una tarea mucho más urgente e inaplazable: hacer cumplir las leyes que ya existen y que permanecen archivadas.
El caso más contundente es el de la Ley 1784 de 2016 (Ley del Sitio), impulsada en su momento por el exalcalde y excongresista Pedrito Pereira, a quien parafrasearemos de su reciente artículo en lo que sigue.
Esa norma no se concibió como un mero homenaje protocolario al Bicentenario, sino como una verdadera hoja de ruta para la transformación estructural de la ciudad. En ella se contemplaron obras de infraestructura vitales que, un decenio después, siguen siendo asignaturas pendientes
El Plan Maestro de Drenajes Pluviales, la recuperación de la Ciénaga de la Virgen y del sistema de caños y lagos, el terminal turístico de cruceros, el Boulevard de Bocagrande, la Avenida Quinta de Manga, el acueducto de Tierrabomba y la conexión entre Bocagrande y Manga son proyectos incluidos en esa Ley del Sitio.
La sola revisión de este listado evidencia una realidad incontrastable: Cartagena no sufre de vacío normativo; ha sufrido de falta de voluntad política y de seguimiento institucional para ejecutar lo aprobado.
Es procedente que nuestros congresistas promuevan debates de control político para determinar qué proyectos se ejecutaron, cuáles se congelaron y por qué. Asimismo, pueden garantizar la reglamentación integral de la Ley 1784 y evaluar el uso de los instrumentos de la Ley de Distritos (Ley 1617 de 2013) o los recursos del Fondo Pro Cartagena 500 Años, el Canal del Dique y el nuevo aeropuerto.
Paralelamente, la agenda podría enfrentar los costos de competitividad que asfixian la economía local, como las altas tarifas de energía que golpean al sector hotelero, empresarial y los hogares, y abrir un debate nacional sensato sobre el retorno fiscal de la riqueza que la ciudad genera, para la Nación.
Cartagena no necesita más leyes para llenar los anaqueles del Capitolio. Nuestra bancada podría ejercer la representación popular con determinación para exigir que lo escrito se transforme en drenajes pluviales, vías, inversión y calidad de vida para sus ciudadanos.
¡Es tiempo propicio para hacer cumplir la tarea!