A dos días de la transmisión del mando presidencial, la promesa de la ‘Paz Total’ y de la transformación institucional del país deja una preocupante brecha entre el discurso grandilocuente y la realidad más concreta. El primer gobierno autodenominado progresista concluye agotado, cuestionado por la inejecución presupuestal, el debilitamiento de la seguridad pública y una fractura institucional provocada por su propia intransigencia política.
El principal desacierto de la gestión saliente radicó en haber priorizado el discurso ideológico sobre la capacidad de gestión. Tras la ruptura de la coalición inicial de gobierno y la salida de los ministros de perfil técnico, la administración se encerró en un círculo de lealtades absolutas e inexperiencia ejecutiva. Esta desconexión con la función pública se tradujo en niveles dramáticos de baja ejecución en carteras vitales como Vivienda, Igualdad y Deporte, dejando recursos inmovilizados mientras las necesidades territoriales se profundizaban. La destrucción del sistema de salud, tras intervenciones administrativas que sumieron en la incertidumbre y el desabastecimiento de medicamentos a millones de usuarios, constituye el reflejo de una reforma impuesta por la vía del hecho ante la incapacidad de concertar con el Congreso.
En el frente económico y fiscal, el panorama es sombrío. El país enfrenta la deuda pública más alta de su historia reciente y un déficit fiscal astronómico derivado del desmedido aumento en los gastos de funcionamiento. El choque rutinario con el sector privado y el constante cuestionamiento a la Regla Fiscal ahuyentaron la inversión, desaceleraron sectores claves como la construcción y la minería, e impusieron una carga inflacionaria que obligó al Banco de la República a mantener tasas de interés restrictivas. Paralelamente, las políticas de mercado laboral terminaron ensanchando la informalidad, beneficiando únicamente a una minoría de trabajadores formales, mientras el desempleo se reavivaba en regiones estratégicas, como el Caribe.
Por otro lado, la política de ‘Paz Total’ terminó sumiendo al país en un alarmante retroceso de la seguridad ciudadana. El informe de la Policía Nacional confirma que los diálogos paralelos con estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y las bandas urbanas avanzaron entre treguas frágiles que sirvieron para la consolidación territorial del crimen, financiado por el narcotráfico y la extorsión, sin que existiera un marco jurídico de sometimiento.
El legado que deja el Ejecutivo saliente es el de un país institucionalmente fracturado. Al preferir la agitación callejera sobre la construcción de acuerdos; el presidente agotó su capital político, convirtiendo su promesa de cambio en un dañino ejercicio de retórica sin avances ejecutivos sustanciales, con la consecuente pérdida del poder.