Cartagena lleva un cuarto de siglo atrapada urbanísticamente en el pasado si consideramos que el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) data del 2001, una obsolescencia institucional que ha resultado costosa para el territorio.
Y es que, durante más de dos décadas, los intentos por actualizar la hoja de ruta de la ciudad naufragaron entre la falta de rigor técnico, disputas políticas e irresponsabilidad administrativa. Fallas de sustentación en 2011, retrocesos costosos como ‘POT Modernos’ en 2015 y archivamientos ambientales en 2023 no aliviaron el caos urbano, que creció a ritmo acelerado.
La aprobación unánime por parte del gabinete del alcalde Dumek Turbay al proyecto del nuevo POT llega en un momento apremiante. Con una proyección al 2040 e inversiones calculadas en $33,8 billones, la iniciativa promete saldar esa falla institucional. Los datos del diagnóstico oficial resultan alarmantes y justifican la prisa si consideramos que, de las 2.723 hectáreas habilitadas para expansión urbana en los últimos decenios, apenas el 1,7% se desarrolló de forma regular, dejando espacio a la ocupación informal de zonas de riesgo y ecosistemas frágiles, a lo que se suma un déficit crítico de espacio público, con escasos 1,56 metros cuadrados por habitante. La propuesta de esta administración busca girar la cara a esa desarticulación.
Estratégicamente planteada bajo el concepto de la ‘Ciudad de 15 a 10 minutos’, pretende descentralizar los servicios esenciales, consolidar nuevas áreas logísticas asociadas al aeropuerto de Bayunca e integrar el territorio rural e insular. Todo esto estructurado sobre 4 estructuras, 11 sistemas, 25 subsistemas y 272 proyectos estratégicos.
Sin embargo, el entusiasmo gubernamental debe medirse con prudencia, pues la verdadera prueba de fuego del POT arranca ahora en las etapas que comienzan, singularmente con la concertación ambiental con Cardique, el EPA y el Ministerio de Ambiente, la consulta con el Consejo Territorial de Planeación y, finalmente, el debate en el Concejo previsto para noviembre. Historias pasadas enseñan que es en estas instancias donde los consensos se diluyen si la fundamentación técnica flojea.
Para que este proceso llegue realmente a buen puerto antes de finalizar el año -lo que no estaba en nuestros cálculos, pues percibíamos que la inicial parsimonia auguraba que tampoco en esta administración tendríamos nuevo POT-, se requiere una gestión rigurosa que priorice la protección de ecosistemas estratégicos y la resiliencia climática ante amenazas latentes como la erosión costera y las inundaciones. Cartagena no aguanta más improvisación ni expedientes archivados; la ciudad necesita dejar de ser un territorio moldeado por la informalidad, para convertirse en la metrópoli ordenada y competitiva que sus gentes vienen esperando desde hace 25 años.
