En el marco de sus recientes jornadas de Empalme Territorial, el presidente electo, Abelardo De La Espriella (ADLE), ratificó en Medellín su intención de descentralizar el Gobierno Nacional mediante la creación de tres sedes presidenciales alternas a Bogotá: el Batallón Paraíso en Barranquilla, el Palacio Rafael Uribe Uribe en Medellín y una tercera que se ubicará en Cali. ADLE también anunció medidas de alto impacto para Antioquia, como el traslado de ProColombia a Medellín y su designación como sede de la estrategia de seguridad ‘Escudo de las Américas’.
Celebrando de antemano el firme propósito de cumplir con la promesa de descentralización, para los cartageneros agudos estos anuncios con razón generan inquietud para nuestra región.
En primer lugar, resulta extraño omitir a Cartagena dentro de este esquema descentralizador. No es necesario apelar a la histórica, política, económica y cultural trascendencia de La Heroica en el pasado y presente nacional; basta recordar que, por mandato legal expreso (Artículo 47 de la Ley 768 de 2002), Cartagena es Distrito Especial y sede alterna de la Presidencia de la República y de la Cancillería, una norma sistemáticamente ignorada en el Gobierno que concluye. No creemos que se relega a la ciudad frente a Barranquilla, Medellín y Cali, pues no sólo se desconocería la ley, sino una infraestructura probada para cumbres internacionales y encuentros de alto nivel, sin mencionar la Casa de Huéspedes Ilustres, sitio sin par en Colombia.
En segundo lugar, causa inquietud la ausencia de cartageneros y bolivarenses en el gabinete y en las altas dignidades del Estado. Sin poner en duda las capacidades del equipo designado por el presidente electo, destacado hijo del Caribe con lazos familiares y de amistad en nuestra tierra, es un deber justo defender la presencia de Bolívar en la administración pública. Esta exclusión abarca ministerios y embajadas estratégicas desde donde se impulsará la diplomacia económica, clave para atraer inversión y generar empleo en nuestros sectores productivos.
Comprendemos que la gratitud electoral del nuevo mandatario favorezca a regiones como Antioquia, Atlántico o Santander, cuyos apoyos fueron decisivos en las urnas; sin embargo, aun si el volumen de votos locales fue menor, existen razones de Estado muy superiores para reclamar una representación justa e incluyente.
Sin voceros en el alto gobierno será complejo defender los intereses regionales e impulsar obras vitales para el progreso, tales como la ejecución del megaproyecto del Canal del Dique, la revisión del impuesto turístico, la construcción de un aeropuerto internacional moderno y las inversiones sociales urgentes para erradicar la pobreza y la informalidad. Con el mayor comedimiento, Cartagena demanda el sitial legal y político que le corresponde.