Tal vez, uno de los errores que más le cobre la historia política al gobierno saliente es el desastroso manejo del sector de la construcción y, particularmente de la vivienda. Jamás habrá una explicación plausible al desprecio por el programa Mi Casa Ya, que facilitó a tantos colombianos la posibilidad de contar con una morada propia.
Por el contrario, debido a la desafección hacia los constructores por razones ideológicas, el Gobierno Petro prefirió afectarlos a estos que beneficiar a la población vulnerable, demostrándose por enésima vez que para no pocas personas es más importante una convicción política que la conveniencia de los más necesitados.
Los recientes informes de Camacol y Fedelonjas revelan que lo que deja este cuatrienio es una tormenta perfecta donde confluyen el marchitamiento del sector constructor, el encarecimiento del crédito y un cambio estructural en las capacidades de los hogares, consolidando un panorama donde el acceso al techo propio se convierte en privilegio de pocos.
Es alarmante el dato de Camacol, sobre la reducción del 28% en el tejido empresarial de vivienda los últimos 4 años. La desaparición de 425 constructoras, principalmente medianas y pequeñas, evidencia una alarmante concentración del mercado y la asfixia de las pymes del sector, incapaces de resistir la escalada de costos, la inflación y la volatilidad macroeconómica.
Este debilitamiento golpeó directamente a la Vivienda de Interés Social (VIS). Con un desplome del 42,9% en los lanzamientos de proyectos y un incremento del 173,6% en los desistimientos de compras de VIS frente a 2022, el segmento enfocado en las familias más vulnerables termina en cuidados intensivos. La incertidumbre sobre los subsidios estatales y las altas tasas de interés han dinamitado la viabilidad financiera de estos desarrollos, dejando a miles de colombianos sin la posibilidad de cimentar un patrimonio propio.
Por primera vez el país registra más arrendatarios (40,8%) que propietarios (38,1%). Si bien algunos gremios presentan esta transición como una evolución natural hacia la flexibilidad residencial y la adaptación a hogares más pequeños, la lectura crítica exige ver el trasfondo, porque el alquiler ha dejado de ser una opción de vida para convertirse en un camino forzado de supervivencia.
El sector constructor ya no puede depender de las fórmulas comerciales tradicionales. Aunque Camacol destaca la resiliencia de las empresas sobrevivientes, la cruda realidad exige una reingeniería institucional prioritaria.
Es de esperar que el gobierno entrante vuelva a las políticas públicas coherentes que reactiven los subsidios, regulen el mercado de rentas y reduzcan las barreras crediticias para que una vivienda digna y propia sea la concreción de un derecho constitucional real y no una quimera inalcanzable.