Era impensable que, en vez de la intensidad del debate, fuera la irrupción del activismo judicial la que enturbiara la campaña electoral. En tan solo una semana, dos decisiones institucionales han hecho saltar las alarmas sobre la estabilidad del Estado de Derecho.
Con el ropaje de la legalidad, desde la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y desde la Comisión de Acusación de la Cámara, se han emitido órdenes judiciales que desbordan sus competencias, configuran una flagrante extralimitación de funciones y amenazan las garantías políticas fundamentales.
El primer golpe provino del Tribunal de Bogotá al resolver una tutela contra el candidato Abelardo De la Espriella. Bajo el pretexto de proteger la neutralidad de los símbolos patrios, un argumento válido si se limitara a banderas o escudos, pero que el magistrado ponente decidió estirar la norma hasta el absurdo: prohibir cautelarmente lemas de campaña como “Firmes por la Patria” o “Defensores de la Patria” constituye un intolerable acto de censura previa. Vetar palabras comunes de la lengua castellana en el discurso político no solo hiere el principio de proporcionalidad, sino que atenta contra el núcleo esencial de la libertad de expresión. Lo grave aquí no es solo la miopía conceptual, sino la usurpación de funciones del Tribunal pues desplazó al Consejo Nacional Electoral, órgano técnico idóneo, rompiendo los canales institucionales mediante el uso abusivo de la tutela.
Casi en simultáneo, el país asistió a otro despropósito institucional, con la supuesta suspensión provisional del presidente de la República, medida abiertamente inconstitucional pues la Cámara de Representantes no tiene la facultad de suspender al primer mandatario; su función se reduce estrictamente a investigar y acusar ante el Senado. El fuero del jefe de Estado es una garantía de estabilidad democrática que exige una acusación formal admitida ante el Senado antes de cualquier apartamiento del cargo. Por fortuna, ante el rechazo nacional, la autora del exabrupto corrigió tal absoluto desprecio por las formas procesales.
Que estos dos atropellos jurídicos coincidan en una semana no es una casualidad; es el reflejo de una alarmante degradación institucional. Cuando los jueces se convierten en censores del lenguaje político y las comisiones parlamentarias pretenden deponer mandatarios sin competencia, las reglas del juego democrático se rompen. La justicia no puede ser utilizada como un arma de obstrucción electoral ni como un instrumento de represalia política.
Frente a este panorama, se impone exigir el retorno inmediato a la cordura jurídica y al respeto irrestricto de las competencias. Si consentimos estos precedentes, mañana cualquier palabra o investidura podrá ser anulada al antojo del funcionario de turno.
¡Ya basta la intromisión judicial abusiva!