El presidente de la República ha guardado prudente silencio después del órdago que lanzó cuando afirmó que la campaña de Abelardo De la Espriella, su más férreo opositor durante la campaña política presuntamente había intentado coludirse con proveedores tecnológicos de la Registraduría, con miras a un fraude que le favoreciera en las elecciones venideras.
El presidente tiene razón en, contrariando su línea consistente de conducta, obrar con mucho cuidado frente a un tema que reviste la mayor gravedad.
En efecto, si el asunto es más que una invectiva de su imaginación y hay conductas punibles que se puedan probar cometidas por el mencionado candidato opositor, no sólo la legitimidad del sistema electoral estaría entre comillas, pues supondría el riesgo de una ruptura de la imparcialidad en tanto que árbitro controlador de la tecnología electoral estaría comprometido con un jugador; es que también estaría comprometida la integridad de las libertades civiles en tanto que la escucha ilegal por parte de jefe del Estado de las conversaciones privadas de sus opositores configuraría un caso de persecución política, debido a que se estarían usando aparatos de inteligencia del Estado para obtener ventaja competitiva, lo cual sería una clara e inadmisible desviación de poder.
Por ello, es indispensable que se aclare, y no acomodaticiamente, sino con base en la verdad, si el trino del presidente Petro, donde menciona tener acceso a “informes de inteligencia” sobre conversaciones privadas entre el candidato De la Espriella y los propietarios de Thomas Greg & Sons, que sugieren un pacto criminal por el cual la empresa recuperaría el contrato de pasaportes a cambio de manipular algoritmos electorales para asegurar la victoria de aquel, se fundamentan en conversaciones existentes y fidedignas con ese grave contenido.
Así mismo, que se aclare si tales escuchas fueron ordenadas por autoridad competente dentro de un proceso legítimo de seguimientos, o si se trata de “confesión de chuzadas”, como ya lo llaman varios opositores, pues si el presidente conoce el contenido de conversaciones privadas de un candidato, es porque podría existir una interceptación ilegal, esto es, sin orden judicial, ejecutada desde los aparatos de inteligencia estatal, lo que implicaría la comisión de varios delitos y faltas disciplinarias.
Reclamar entonces que se le informe a la población quién ordenó las interceptaciones es un imperativo ineludible, y mejor si se aclara a la mayor brevedad por el trecho de campaña que aún falta por recorrer
Por lo tanto, así como a nadie le está permitido coludirse con proveedores de la Registraduría para torcer resultados electorales, al presidente no se le permite emplear la inteligencia del Estado para crear noticias falsas con el fin de interferir en el resultado electoral.