Tienen razón quienes se molestan por la subida de las tasas de interés, pues altas tasas frenan la economía, enfrían las ventas e incrementan los costos de deuda; pero no le asiste la razón al Gobierno si la causa del enojo es la necesidad de mostrar crecimiento a cualquier precio, como viene ocurriendo, o para acrecentar el gasto público con miras a la expansión de la agenda política.
La gran diferencia entre quienes se molestan por esa subida de tasas y el Gobierno es que aquellos, por encima de sus propios beneficios, valoran la estabilidad institucional, y esto solo se consigue si hay respeto entre las distintas Ramas del Poder Público, y de estas con los demás organismos que fundamentan el Estado, como el banco central.
Si el propósito de la Junta fue frenar una posible escalada de la inflación, el incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos es concordante con el fin esperado, lo que no puede ser calificado como “irresponsable”, tal como lo hizo el ministro de Hacienda, aunque el aumento pudo ser algo menor.
Esto es aún más plausible si se revisan los argumentos técnicos que tuvo en cuenta la mayoría de miembros de la Junta, pues hay una inflación persistente (en febrero se ubicó en 5,3%, superando el cierre de 2025), siendo que las expectativas de inflación para 2026 y 2027 permanecen por encima de la meta del 3%; además, los factores externos, sobre todo las guerras en Oriente, prometen encarecer insumos críticos para nuestra realidad interna, como fertilizantes y gas.
Por más razones que le asistan al ministro de Hacienda, sencillamente no puede mantener su oferta de ausentarse en las futuras reuniones en las que se discuta sobre las tasas de interés; se trata de un deber legal del que no puede sustraerse.
Tampoco contribuye el presidente de la República a la observancia del principio de separación de poderes y de colaboración armónica entre las autoridades del Estado, el tachar como mayoría opositora que busca arruinar la economía para afectar los resultados electorales del progresismo, pues esto implicaría que solo cuando los codirectores se alinean con las directrices de palacio, actúan con independencia.
Si lo que quería el Gobierno era que no se subieran las tasas de interés, pues habría tomado las debidas precauciones y no, como ocurrió, adoptar medidas que claramente politizan la economía.
Por esto, contrario a lo que afirman en palacio, no hay bloqueo institucional. La prueba reina de ello es que el Gobierno ha hecho lo que ha querido con los recursos que ha tenido disponibles para gastar, no orientándolos a favorecer la productividad, que es el elemento detonante de las realidades del mercado que hace sostenible la economía a largo plazo, sino para su destino a proyectos mínimos que alivian temporalmente la pobreza pero que garantizan esa clase de la lealtad que es tan apetecida a la hora de contar votos en las urnas.