Qué puede haber en la mente de quienes diseñan las normas tributarias como para incluir a las universidades privadas colombianas dentro de contribuyentes por la emergencia económica para cubrir el déficit presupuestal y atender crisis ambientales.
Para nadie es un secreto que el panorama de la educación superior en nuestro país es altamente inquietante habida consideración de la ya inatajable tendencia de reducción en las matrículas por factores como el decrecimiento poblacional, el deterioro de la economía de los hogares, o el creciente interés de los muchachos por opciones de estudio extracurriculares o por oficios no tradicionales, o por la eliminación de créditos Icetex, así como por el incremento de los costos operativos en estas instituciones surgidos por el salario mínimo para la actual vigencia, entre otras causas.
Pero como que en los únicos lugares donde esta palmaria información se desconoce es en los despachos desde donde se construyen las normas tributarias. No otra puede ser la explicación si consideramos que, tras la expedición del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, se ordenaron tributos que tienen aterradas a las directivas de las instituciones de educación superior (IES) no oficiales.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), por ejemplo, considera un “golpe millonario” el impuesto al patrimonio que entra en vigor dentro de pocos días, pues, según sus cálculos, el impacto total de este gravamen en su sector se estima en nada más y nada menos que $135 mil millones de pesos.
Como el nuevo impuesto grava a las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT (aproximadamente $10.474 millones de pesos a valores de este año), al menos 75 universidades privadas del país estarían obligadas a pagar una tasa del 0,50% sobre sus activos.
Se sabe que estas instituciones manejan patrimonios que sumados alcanzan los $27 billones de pesos, pero también lo es que sus activos no representan liquidez ni riqueza acumulada, sino infraestructura física esencial: edificios que contienen laboratorios, bibliotecas, aulas y centros de investigación.
¿Quién puede negar que estas instituciones corresponden mayoritariamente a entidades cuya naturaleza es Sin Ánimo de Lucro?; sin embargo, contra toda evidencia y realidad estructural, el Gobierno pretende tratarlas como empresas comerciales, sin considerar que nunca producen utilidades, pues estas se convierten en “excedentes”, que es la denominación adecuada, pues deben reinvertirse obligatoriamente en el objeto social de cada institución. Así las cosas, el impuesto es un asalto a los recursos que ya estaban destinados a la misión educativa.
Cómo criticar a quienes sostienen, aunque así no sea, que esta movida tributaria no es más que otro intento de destruir a la universidad y educación privadas.