Como en un reality traumático, los colombianos siguen viendo el dilatado aplazamiento de la salida de Ricardo Roa de la Gerencia de Ecopetrol.
Para quienes valoran la importancia sustancial del respeto del principio de Inocencia, la paciencia es más comprensible que para aquellos que piensan que en este caso, han debido primar dos elementos esenciales en el ejercicio de la gobernanza de sociedades industriales con mayoría de capital estatal: la primacía del interés general y el prestigio de la compañía individualmente considerada que más riqueza económica le reporta a la Nación.
Si desde hace meses a los segundos les parece una vergüenza la continuidad del gerente en ese cargo, a pesar del daño que le viene propinando este permanecer sub judice en el tiempo, a quienes protegen el principio de Inocencia como un elemento determinante de la democracia liberal, ya comienza a percibirse como un exceso el privilegiar esta garantía constitucional ante el cúmulo de procesos, escándalos y pruebas que se han develado a la opinión pública, y que dañan de manera grave un patrimonio que es de todos los colombianos.
La reciente imputación por tráfico de influencias y las crecientes presiones de diversos sectores para que se aparte del cargo hacen insostenible la continuidad del actual gerente en la principal empresa del país.
La Fiscalía General imputó a Roa Barragán por la compra de un apartamento en Bogotá por una suma considerablemente inferior a la de su precio comercial, siendo que el vendedor estaría vinculado a empresas con intereses en contratar con Ecopetrol; además, testigos claves, como quien remodeló el inmueble por más de $2.000 millones, ha entregado pruebas sobre nexos con contratistas, sin mencionar otras investigaciones, como la que enfrenta Roa por la presunta violación de topes electorales en la campaña ‘Petro Presidente 2022’, de la cual fue gerente.
Los ojos del país, con razón, están puestos en los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, quienes desde febrero de 2024 reciben informes de la firma estadounidense Miller & Chevalier, en los que se advierten inconsistencias en las declaraciones de Roa, que incluyen versiones contradictorias sobre el origen y monto del pago del inmueble; o dudas sobre su proceso de selección, atribuido al presidente Petro y no al de una firma ‘cazatalentos’.
¿Qué hará la Junta Directiva con la solicitud de la USO, en la que exige la separación de Roa para proteger la estabilidad de la empresa, amenazando con huelga si no se toma la decisión? ¿Qué, con las exigencias de instituciones que exigen planes de contingencias e indagaciones ante la SEC, en EE.UU., lo que va directo contra la reputación de la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Sabe la Junta que responde por el riesgo reputacional y económico creciente, por el deber de diligencia para evitar daños al gobierno corporativo?