La Superintendente de Industria y Comercio (SIC) tendría que detenerse a pensar qué es lo que no están haciendo bien en esas dependencias, como para que ya no sea solo el sector empresarial el que proteste por el proceder de algunos de sus funcionarios.
Resulta que la Procuraduría notificó de sanciones disciplinarias en contra de varios de sus funcionarios por faltas calificadas como graves, a título de dolo, debido a irregularidades en las visitas administrativas realizadas en la Registraduría el 12 de marzo de 2024, en cuyas diligencias de inspección solicitaron, accedieron y extrajeron información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de aquella entidad.
Como lo informó El Tiempo, en su momento se conoció que estaban buscando irregularidades en los contratos con Thomas Greg & Sons, diligencia en la que funcionarios de la Registraduría se negaron a que les retuvieran algunos aparatos bajo el argumento de que la SIC no ejerce control sobre la jurisdicción electoral, que goza de independencia. Consideró la Procuraduría que los sancionados incurrieron en extralimitación de funciones, obteniendo información que no guardaba relación con la investigación que se adelantaba.
La actual superintendente, Cielo Rusinque, ha respaldado públicamente a los sancionados, argumentando que las inspecciones son parte de sus facultades de “policía administrativa” para vigilar la libre competencia en procesos de contratación estatal, como los de la logística electoral de 2026.
Pero tendría que aguzar su lógica la SIC, pues existe el fundado temor de que sus presuntos excesos se deban al temible paso de la aplicación del concepto de ‘Policía Política’, en tanto que diversos sectores políticos y el propio Registrador Nacional han calificado estas acciones como una herramienta de persecución e intimidación institucional, de cara a las elecciones de este año, intentando influir en los contratos de logística y software electoral.
Es altamente probable que no sean sustentables estas acusaciones, pues podría tratarse de una vigilancia técnica necesaria para evitar monopolios en la contratación pública; pero es que también hay preocupación por la autonomía de los particulares frente al Estado, tal como lo han señalado algunos gremios en tanto que Naturgas, crítico respetuoso de las decisiones u omisiones del Gobierno en materia de energía y gas, padeció una controversial inspección administrativa realizada en febrero de 2025, lo que fue calificado por algunos como una “cacería de brujas”.
Sea como fuere, y aunque la SIC tenga la razón, tendría que esforzarse en demostrar que actúa técnicamente, y no como una ‘policía política’ al servicio del gobierno de turno, para perseguir, hostigar o intimidar a gremios y empresas que cuestionan las políticas oficiales.