Después de la orden tácita de inducción a una crisis sistémica del modelo de Salud mediante el famoso Chu chu chú, finalmente el Gobierno está logrando el resultado previsible y esperado: la orden de liquidación de las EPS que contribuyó a debilitar.
La prueba reina de la precisión con la que se ha manejado esta crisis inducida, y de la posible falta de humanidad implícita en semejante actitud de quienes manejan el Estado por razones ideológicas, es que se haya excluido a la Nueva EPS de esa mega orden, a pesar de que es la entidad con los peores indicadores financieros y operativos, lo que demuestra a las claras que el objetivo de proceder la liquidación de las empresas promotoras de salud y trasladar a todos sus afiliados a la Nueva EPS, es la determinación, a cualquier costo, de estatizar el sistema.
Resulta curioso que ahora la responsabilidad por la “quiebra” de las EPS en crisis es debido a los defectos que traía el Sistema antes del actual cuatrienio y, ya en este, por culpa del Congreso al no aprobar la reforma que la Casa de Nariño presentó a su consideración, sin que para nada cuente la decisión de ralentizar los giros a las EPS, o la solución a la escasez o entrega de medicamentos, o la inobservancia de las órdenes dadas por las Cortes para la actualización de la UPC cada nuevo año.
Ahora, de las EPS, ocho están intervenidas, que suman 22,8 millones de colombianos, esto es, el 43,5% de la población, y ni todo el trauma que supondría llevarlas a disolución y posterior liquidación, mueve al Gobierno a procurar su estabilización, que resultaría menos dañoso para los destinatarios del servicio, o sea, para los afiliados y sus familias.
¿Por qué las razones que se alegan para salvar a la Nueva EPS no sirven para recuperar a las demás en crisis? ¿Acaso no conoce el Gobierno que la deuda de dicha EPS creció 198% entre 2022 y 2025, alcanzando los $21,37 billones, con un patrimonio negativo de -$6,25 billones?
Es claro que el criterio para liquidar las demás EPS no es la inviabilidad financiera, que es lo que se ha alegado, pues en tal caso, la Nueva EPS debería encabezar la lista, razón que permite inferir que, si el objetivo final es estatizar el Sistema de Salud, la Nueva EPS es el instrumento perfecto para tal sesentero propósito, una manera de revivir el modelo padecido del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), de ingrata recordación.
Le asiste al Gobierno razón al señalar que la corrupción en el actual Sistema es responsable de buena parte de lo que está pasando; ¿pero es acaso restaurando el ISS -que lo acabó la corrupción- la solución al problema?
En Palacio podrían sentarse a analizar el asunto en su conjunto; tal vez pudieran percatarse de algo que para otros es elemental: la asfixia financiara de las EPS podría no ser una preocupación por su sostenibilidad, pero sí el afán ideológico de estatizar la prestación de los servicios de salud.