Comentamos ayer sobre el caso en que recientemente la Fiscalía determinó la presunta apropiación indebida de terrenos que pertenecerían a la Aerocivil en el sector Cielo Mar de la Zona Norte de la ciudad, tras una investigación que duró más de un decenio, disponiendo la cancelación de más de 400 folios de matrícula inmobiliaria.
Comentamos que no solo se trataría de un asunto de inseguridad jurídica devenida de situaciones causadas por la expedición de una licencia o licencias de construcción, sino que el asunto sería más profundo si se analiza el papel que habrían jugado los presuntos autores intelectuales y la complacencia que pudieron encontrar aquellos entre las autoridades que no impidieron a tiempo o con firmeza la continuidad de los negocios jurídicos amparados en títulos que presuntamente riñen con los de la Nación/Aeronáutica Civil, de todo lo cual pueden extraerse lecciones.
Cómo negar lo apetitosa que es la ciudad para la intenciones de las redes que se lucran con el hambre de tierra y la ausencia de autoridad con una mirada a largo plazo, pues no puede ser que, por una parte, los asentamientos informales sean la respuesta a una necesidad social convertida en negocio de estructuras delictivas; y por otra, la mutación ilegal de bienes públicos en privados, empleando incluso al mismo Estado a través de las oficinas que tendrían que impedir estos hechos que podrían terminar convirtiéndose en estafas masivas contra ciudadanos de buena fe.
Hay que prestar la mayor atención a estas situaciones, cuyo grave corolario es victimizar a familias a quienes se les venden lotes con títulos falsos o por fraudulenta apertura de folios de matrícula inmobiliaria. En los primeros casos, se deja a los compradores en un limbo jurídico y físico, habitando zonas de alto riesgo sin posibilidad de licencias urbanísticas y, en los otros, la revocatoria de negocios inmobiliarios ya formados, incluso con empresas de reconocido prestigio, también perjudicadas con estos actos.
En el fondo, la tragedia de estas familias y el detrimento patrimonial de la Nación tienen un cómplice silencioso: la negligencia del Estado. Casos como el del lote del Ministerio de Minas en Mamonal demuestran que, cuando existe voluntad política y diligencia, el Estado de Derecho prevalece. Al contrario, la tardanza en actuar resulta onerosa, pues genera un arraigo que luego hace la recuperación traumática, costosa y socialmente explosiva.
La tolerancia hacia los invasores profesionales, las irregularidades en la tramitación de licencias, la demora excesiva de los procesos policivos y de los judiciales desvanece el sentido de autoridad, dejando al ciudadano común a merced de bandas que ya no solo ocupan terrenos, sino que “legalizan” lo ilegal ante las narices de las oficinas de registro.
Sí…, lo expuesto es mucho más que mera inseguridad jurídica.