El presidente de la República persiste en participar en política. Omite, inexcusablemente, el deber que tiene el jefe del Estado, como representante legal y “presidente ejecutivo” de este, de garantizar la imparcialidad del establecimiento para que la competición por los cargos de elección popular, singularmente los principales del Poder Ejecutivo (Presidencia y Vicepresidencia), no sea interferida por quien controla las Fuerzas Militares y los demás órganos de mando de la organización que encabeza por disposición de la carta magna.
El más reciente de los actos indebidos ocurrió la semana que concluye, con posterioridad a la revelación de varios de los nombres de aspirantes a la Vicepresidencia que compiten con los candidatos de su preferencia.
Sin mencionar expresamente a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de una de sus férreas opositoras, el primer mandatario, en su cuenta de X, claramente tomó partido contra estos al criticar, en un largo trino, a sus “… amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente…” que votaron en la consulta del pasado domingo por “… el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien…” de él, puesto que “… Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.
Por su puesto, la reacción del tácitamente aludido candidato no se hizo esperar, pues tan solo seis horas después de ese trino le espetó una respuesta que mostró a las claras el daño que, al deber de encarnar la unidad nacional, le propina un presidente que persisten en no representar a la totalidad de los colombianos, como es su principal deber por su condición de jefe de Estado.
Por supuesto que es válido que un mandatario pretenda que su obra de gobierno se perpetúe mediante la elección de alguno de quienes son sus copartidarios; pero ese papel tiene dos vertientes dependiendo de si se trata de un régimen parlamentario o de uno presidencialista.
En aquél, es de la esencia la participación pública y directa en las campañas por el jefe de Gobierno (primer ministro). En el presidencialista esto no está permitido pues el presidente es, a su vez, jefe de Estado y jefe de Gobierno, con lo cual es principalísima obligación actuar con imparcialidad en el debate electoral.
Si el presidente Petro considera que su rol no incluye el de jefe de Estado, sino solo el de Gobierno, pues tendría que promover un cambio de sistema político, por la vía constitucional, para romper su juramento de mantener la imparcialidad como símbolo que es de la unidad nacional.
Pero siendo aún Colombia un sistema presidencialista, su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en materia electoral, lo expone a las sanciones propias de su cargo, por indignidad o mala conducta en el ejercicio de sus funciones.