Las elecciones de ayer demostraron que la democracia de Colombia se sostiene. La participación rondó los niveles proyectados. El sistema electoral, contra los deseos de algunos colombianos, volvió a pasar la prueba, y con creces. El que cuatro horas después de cerradas las urnas se conociera más del 90% de los resultados de las consultas interpartidistas hacia la primera vuelta presidencial mostró a las claras que sigue siendo uno de los más eficientes y transparentes a nivel global.
El manto de dudas que pretendió sembrarse desde la Casa de Nariño, sin la revelación de pruebas, dejan un mal sabor en torno de lo que realmente se pretendía desde Palacio. La Organización Electoral, a la cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no solo está volviendo a pasar favorablemente este reto; también demuestra que los colombianos podemos confiar en que contamos con tecnologías, procesos y talentos que pueden garantizar que, si se mantiene la debida independencia frente a la cabeza del Ejecutivo y, en general, del Gobierno de turno, se cumplirá con el deber a cabalidad.
Por supuesto, hay zonas grises contra ese funcionamiento, que obedecen a factores o fenómenos vinculados al delito. Tanto las infracciones electorales por corrupción, como la violencia contra los sufragantes o contra las autoridades de la organización electoral son una mancha que nuestro país tiene que erradicar.
Las primeras, esto es, las infracciones electorales por corrupción, descritas en el Código Penal bajo figuras como el del fraude y la corrupción al sufragante, hacen inferir que la compra o la tentativa de compra de votos ya es común a nivel nacional.
Y en cuanto a las segundas, o sea, la violencia contra los sufragantes o contra las autoridades de la organización electoral, que hace décadas dejaron de ser relevantes, volvieron esta vez en distintas regiones del territorio patrio, tal como lo advirtieron la Defensoría del Pueblo y la MOE.
Los hechos de violencia contra campañas al Congreso de la República reflejaron una preocupante situación contra actores del proceso democrático, lo que afecta directamente los derechos políticos y debilita la democracia.
Habría que pedirles al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección que adopten medidas que preserven el material electoral de ayer, protejan a la población y perfilen nuevas estrategias para lo que resta del calendario electoral, que se podría extender hasta junio de este año.
Salvadas esas situaciones, el país amaneció más tranquilo, porque todos esos anuncios que pudieron alterar la positiva percepción que se tiene de nuestro sistema democrático, no se concretaron.
Autoridades y ciudadanos cumplieron; la República sigue su marcha. ¡La democracia volvió a demostrar su madurez y resistencia!