El momento que atraviesa el Centro Histórico exige una respuesta institucional clara y coordinada. Las recientes denuncias sobre presuntas obras sin licencia o intervenciones que no corresponden a los permisos otorgados, no pueden ser percibidas como hechos aislados. Se trata de una señal de alerta sobre la eficacia del sistema de control urbano y patrimonial, en una de las áreas más sensibles de la ciudad.
El debate no debe centrarse en la confrontación entre autoridades, sino en la necesidad de fortalecer su articulación. En el Centro convergen competencias de control urbano, inspección de policía y autoridades de patrimonio. Cuando estas instancias no actúan de manera sincronizada, el resultado es previsible: vacíos en la supervisión, demoras en los procesos y, en algunos casos, obras que continúan pese a sellamientos reiterados.
Preocupan especialmente las intervenciones que, amparadas en solicitudes de mantenimiento, terminan convirtiéndose en modificaciones sustanciales de inmuebles patrimoniales; así como aquellas que, aun contando con licencias, no coinciden con lo aprobado. La norma existe; el reto está en hacerla cumplir con rigor y continuidad.
Este fenómeno no puede desligarse del acelerado cambio de usos del suelo en el Centro y de la presión creciente del turismo. La rentabilidad del negocio turístico avanza con mayor velocidad que la capacidad de control del Estado. Cuando esa asimetría se profundiza, se deterioran no solo los valores estéticos del patrimonio construido, también la habitabilidad, el tejido social y la identidad cultural que dan sentido a este territorio.
En ese escenario, conviene recordar que la protección del patrimonio cultural cuenta con un régimen jurídico especial, más estricto que el ordinario. La discusión sobre la eventual no prescriptibilidad de las intervenciones que afectan bienes de interés cultural abre una reflexión necesaria: la certeza de que la responsabilidad puede mantenerse en el tiempo debería convertirse en un verdadero factor disuasivo frente a quienes decidan intervenir al margen de la ley.
Cartagena necesita un mensaje inequívoco: ninguna obra está por encima de la ley. Para ello se requiere mayor coordinación interinstitucional, protocolos claros de actuación y seguimiento efectivo a las medidas adoptadas. También es indispensable que las denuncias ciudadanas, incluidas las que formulan organizaciones como la JAC de Getsemaní, Asocentro y la Fundación Centro Histórico, encuentren respuestas oportunas y transparentes.
El Centro Histórico es patrimonio de la Nación y orgullo de Cartagena. Su protección no admite zonas grises. Más que sanciones ejemplares aisladas, la ciudad demanda un sistema de control coherente, articulado y visible, que garantice que las normas se cumplen y que el desarrollo no se imponga sobre la legalidad ni sobre la memoria colectiva.