En editorial de ayer, sobre la tragedia que se está viviendo en los Montes de María, convertido otra vez en territorio en disputa, sujeto del recrudecimiento de la violencia homicida y el terror, donde se asume que todo ello es fruto de ajuste de cuentas por el control de economías criminales ya descritas, es indispensable recuperar la paz por la que tanto se trabajó hace solo cuatro lustros.
El Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos para adelantar conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo (CG), con miras al desmantelamiento pacífico de esta estructura criminal, mediante el sometimiento a la justicia y no en un diálogo político. Sin embargo, hay que resolver el hecho de que estas conversaciones aún carecen de un marco jurídico para su desarrollo, ya que no hay vigente una ley de sometimiento expedida por el Congreso, como lo determinó la Corte Constitucional (C-525 de 2023), al aprobar parte del articulado de la Ley 2272 de 2022. Y no sobra señalar la existencia de una demanda ante el Consejo de Estado, que busca tumbar las dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
En el avance de esas conversaciones, el 5 de diciembre de 2025, el Gobierno precisó que en los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar funcionaran ‘Zonas Piloto’ para desarrollar la etapa de consolidación de confianza con el CG, ante lo cual surgen reflexiones como el desconocimiento que existe por parte de las organizaciones sociales, la ciudadanía y entes territoriales sobre la dinámica del proceso (protocolos, mecanismos, responsabilidades y la temporalidad la zona), considerando que en agosto 7 habrá nuevo presidente.
De la misma manera, en la Ley 2272 se indica que “se pueden contemplar las Zonas de Ubicación en un estado avanzado del proceso de paz”, lo que concita a la pregunta de si este proceso con el Clan del Golfo ya llegó a ese punto de maduración y cumplimiento de los compromisos por las partes, considerando que las conversaciones se iniciaron en agosto 2025 y llevan 2 ciclos en Catar, interrumpidas recientemente.
Por fortuna, entendemos que el Alto Comisionado de Paz ha convocado para el 14 de marzo a las organizaciones sociales de El Carmen de Bolívar y las de San Jacinto el 16 de ese mes, para socializar la condición de Zona Piloto de las conversaciones con el Clan del Golfo.
Se debe aclarar cómo va a ser el grado de coordinación y complementariedad de la Oficina del Alto Comisionado con el territorio, ya que la experiencia al respecto nos muestra que los procesos de diálogos de paz con varios de los grupos armados no han concretado fases de desmovilización.
En otras palabras, no se vislumbran resultados reales para desmovilización y desmantelamiento de grupos en su mayoría ligados al crimen organizado. Procede entonces que Gobierno y estos grupos den un mensaje claro a la comunidad sobre la sinceridad de sus compromisos de paz.