Tranquiliza que el jefe del Gobierno esté preocupado por la posibilidad de que pueda haber un fraude en las elecciones; esto significa que el poder Ejecutivo no controla la organización electoral, no siendo esta un cuarto poder del Estado, sino una institución autónoma e independiente de aquel.
Está bien que el presidente se preocupe por la legalidad de las elecciones, pues le compete el deber de apoyo y colaboración con la Organización Electoral, compuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ejerce funciones de regulación, inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar las elecciones y de los procesos de identificación de los ciudadanos.
Por lo tanto, la alarma que Presidencia está disparando todos los días desde cualquier escenario sobre un posible fraude, sin que haya exhibido una sola prueba de sus asertos, indica que no hay razones concretas para desconfiar de las mismas instituciones y procesos que llevaron al actual presidente al máximo cargo electoral al que puede aspirar un colombiano; por lo tanto, es inevitable inferir que esta conducta solo se explica si la real intención es suscitar un clima de descrédito frente a lo que pueden ser resultados adversos en las elecciones de 2026.
Dudar, por ejemplo, de los espacios en blanco en los formularios E-14 para las elecciones del próximo 8 de marzo, cuando se trata de un procedimiento de uso tradicional, es sospechoso.
No en vano el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia manifestó que el sistema electoral colombiano está basado en la transparencia, la apertura y la trazabilidad, debido a que, independientemente del software y sistemas de comunicación, las elecciones se dan en un contexto de apertura en la que los ciudadanos son testigos directos de cómo van sucediéndose las operaciones, y los partidos tienen acceso a todas las mesas electorales a través de sus testigos, nombrados por ellos.
De conformidad con la Constitución y la ley, el registrador y el presidente son los principales responsables de las elecciones, razón por la que están obligados a actuar armónicamente para garantizar que el procesamiento, la transmisión, la digitalización y el escrutinio sean impecables.
Ese deber no implica el de enrarecer el clima político o de construir escenarios de desconfianza entre los gobernados; es, más bien, concordar con los organismos electorales en llevar adelante las mejores elecciones posibles.
Por eso, es adecuada la propuesta del procurador en cuanto a la conveniencia de la reunión entre las autoridades electorales y la Contraloría General, para que se informe al país sobre la realidad del desarrollo de las votaciones; y que incluyan también a la Fiscalía.