Las escenas de violencia en al menos ocho estados de México, de vehículos incendiados, edificaciones ardiendo o derruidas, muestras de escenas dantescas rematadas con el desconcierto de saber que hombres armados bloquearon vías en Jalisco, en represalia por la muerte del poderoso capo del narcotráfico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.
En el operativo de captura de ‘El Mencho’ se incautaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, todo un arsenal de guerra que puede hacer tambalear la paz republicana.
Pero la noticia no es solo la muerte del ‘Mencho’; es, sobre todo, su ocurrencia en medio de la presión del Gobierno de EE. UU. para que México frene el envío de drogas a ese país, lo cual supone no sólo un cambio en la política de no admisión de intervención de inteligencia, ejércitos o injerencia en asuntos internos por parte de otro país, sino, sobre todo, en el libreto de ‘abrazos, no balazos’, lema que definió la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que su sucesora Claudia Sheinbaum, con algunos con ajustes operativos, ha mantenido como base doctrinal.
Según esa estrategia, la violencia no se combate con más violencia, sino yendo hacia la causa del problema, esto es, la pobreza y la falta de oportunidades; y si AMLO se mantuvo relajado en este tema, Claudia Sheinbaum ha tomado una postura más frontal contra el tráfico de drogas, singularmente el fentanilo, pues el decomiso y la captura de líderes criminales ha crecido considerablemente.
Sin embargo, los hechos son tozudos: esa mirada flexible hacia el negocio de la producción y tráfico de drogas, bajo el afán de no suscitar violencia contra civiles tiene una contracara, que la estamos viendo esta semana en México.
Permitir que los negocios ilícitos se expandan, sobre todo mediante la cesión de territorio y control por parte de las fuerzas del Estado, finalmente terminan devolviéndose, como un boomerang, contra los ciudadanos inermes, quienes terminan sufriendo las consecuencias de los cambios inevitables en las políticas de represión contra los hechos ilícitos, especialmente cuando son cometidos por bandas criminales que, con el tiempo, por la acumulación de recursos y la sofisticación de sus métodos, tienen la facilidad de adquirir material prácticamente de guerra, lo que les vuelve temporalmente poderosos como el Estado.
Lo que ocurre en México ahora es una lección para Latinoamérica, para los grupos delincuenciales y para los gobernantes. Estos dos últimos, por más que intenten ‘hacerse pasito’, siempre llegará el momento en que, o el pueblo o una potencia extranjera, o ambos, les exigirán a quienes responden por los deberes del Estado, poner las cosas en su sitio.