Comentábamos ayer que los últimos estudios y análisis realizados en Estados Unidos podrían indicar que la política de liberación de la venta y uso de marihuana tiene que volver a debate, debido a los efectos adversos entre los consumidores, sus familias y la comunidad en la que estos despliegan sus vidas.
La discusión ahora no es si debe o no volverse a criminalizar el consumo, pues hay el justificado temor de que regrese la violencia entre los traficantes y el consecuente daño a la vida en relación de las comunidades, singularmente las más pobres y las minorías étnicas. El asunto radica en revisar cómo se puede regular de manera más sensata frente a los efectos que causa en las personas esa droga, considerada menos dañina que las demás.
Otro ejemplo se desprende de lo que están haciendo en Países Bajos, que recogieron dolor y frustración de su larga experiencia en la legalización del consumo de drogas. También están en la línea de no retornar a la prohibición total, pero sí en corregir los efectos adversos de décadas de tolerancia.
Impensable hace pocos decenios que Holanda se podía convertir en centro neurálgico para el tráfico de cocaína en Europa, singularmente a través del puerto de Róterdam, lo que ha obligado a que desde mediados de 2025 se haya prohibido la producción y venta de drogas de diseño, esto es, las nuevas sustancias psicoactivas, con el objeto de impedir que los narcotraficantes las exploten.
En esa línea, en Ámsterdam y otras ciudades se está restringiendo el acceso de extranjeros a los famosos coffee shops, pensando más en el bienestar de los residentes, aburridos de que su hábitat se haya convertido en ‘parque de atracciones’ para el consumo de drogas, un precio que ninguna comunidad tendría que pagar por el desarrollo de la industria turística.
Y no es que se deba tratar a los adictos como criminales; en verdad que son pacientes, enfoque que reduce las muertes por sobredosis y la propagación de enfermedades. Sin embargo, las autoridades ya admiten que la tolerancia oficial facilitó que grupos criminales internacionales se posicionaran en esa progresista nación.
La política de tolerancia, que había logrado separar el mercado de drogas blandas, de las duras, para proteger al consumidor, facilitó que el crimen organizado se insertara en las entrañas de sus barriadas, al punto de que los más agudos críticos señalan que hay un ‘Narco-Estado en la sombra’, que ha cometido asesinatos de periodistas, corrompido trabajadores portuarios y funcionarios públicos, creciente demanda de servicios psiquiátricos relacionados con el consumo de drogas, amenazas a la Familia Real y a un Primer Ministro, con la consecuente erosión del Estado de Derecho.
Si ya otras naciones pasaron por allí, acá tendríamos que abrir la discusión considerando aquellas realidades. Estamos en mora de hacerlo.