A propósito de la agria discusión que han sostenido, por medios virtuales, el presidente de la República y el exministro de Salud de este Gobierno, Alejandro Gaviria, con contenidos realmente graves que ya habrían producido efectos concretos si este fuera un país escandinavo, tiene sentido revisar por qué en Colombia al menos una de cada tres personas (37,8%) considera que la corrupción es el principal problema del país.
Sorprende que la corrupción sea considerada, de lejos, un problema mayor que la inseguridad o el narcotráfico (25%), la salud (12,3%) o el desempleo y la pobreza (9,4%), que son generalmente los más cercanos a la gente.
Estos datos, revelados en la reciente encuesta de la firma AtlasIntel, muestran que esa percepción no nació en este Gobierno, como es apenas elemental, pero sí que se ha agravado a niveles insospechados con la sucesión de escándalos que no se compadecen con el discurso de la prometida lucha contra este flagelo, que parece acompañar, como un sino execrable, a la realidad política y social nacional.
Lo anterior concuerda con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentados por Transparencia Internacional, en el que durante 2025 Colombia obtuvo la calificación de 37 puntos sobre 100, quedando en el puesto 99 entre 182 países, con lo cual hubo un retroceso frente a 2024, cuando estábamos en el puesto 92, con 39 puntos.
Por eso, las acusaciones que lanzó un exministro del actual Gobierno, de suma gravedad, no pueden pasar desapercibidas como otro peldaño dentro de la cascada de noticias que cuentan situaciones reprochables en la conducta de quienes administran lo público.
La respuesta a los señalamientos de Alejandro Gaviria ante una imputación tan grave como la de tachar al Gobierno como el “... más corrupto de la historia reciente de Colombia”, en el que “... la corrupción parece tapar la corrupción”, no puede ser solo una diatriba en X por parte del primer mandatario, quien ripostó achacando hechos de corrupción a la gestión de anteriores gobiernos con violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y delitos graves.
Habría sido mucho más edificante que el presidente se refiriera, tal como le contrapunteó Gaviria, a las acusaciones sobre corrupción en entidades como la Ungrd, Fomag, Fiduprevisora, EPS intervenidas y proyectos de infraestructura en salud.
La cantidad y entidad de los señalamientos son en extremo serios, y provienen de una persona que conoce a fondo el funcionamiento del Estado, no sólo por su formación académica; también por su participación en lo público.
Conviene que desde el Gobierno haya una respuesta a cada uno de los señalamientos formulados por quien fuera uno de sus ministros, pues no conviene a la respetabilidad y legitimidad del solio presidencial, que quede en el ambiente la creación de un relato eficaz para distraer a la opinión pública.