Algo tiene que decirle al Gobierno Nacional el hecho de que en 2025 los hogares colombianos gastaron $10,5 billones más en salud que al inicio de este cuatrienio, y en términos acumulados, durante los tres primeros años que van de la actual administración el gasto en este rubro en las familias ha sufrido una variación de 16,7%. Se trata de una cifra escandalosa que debería inquietar a quienes dirigen el Sistema de Salud Pública, comenzando por el ministro del ramo.
Tal como lo han señalado los diarios y portales capitalinos, hay una migración forzada de pacientes, que están pasando de ser titulares de derechos a meros consumidores. Ya el asunto no se retrotrae a la crisis de la mayoría de Entidades Promotoras de Salud (EPS); ahora el foco está sobre lo que viven los hogares y los pacientes por el golpe en la canasta familiar.
En efecto, el dinero que antes se destinaba a ahorro, diversión o esparcimiento, cada vez más se tiene que tomar para pagar tratamientos y medicinas, en todos los estratos; y la fuente es nada más y nada menos que el Dane, cuyo último informe señala que entre 2022 y 2025 el gasto de las familias en bienes y servicios de salud ha sufrido una tendencia ascendente.
Tendría que inquietar que si en 2022 el gasto de los hogares en salud llegó a los $59,7 billones, esto es, el 6,1% del PIB; en 2023 pasó a $63,7 billones, equivalente al 6,5%; en 2024 llegó a $68 billones y el 6,8% del PIB; y en 2025, a $70,2 billones, el 6,9%.
De conformidad con ese estudio, el de Salud se pasó a otros componentes de la canasta familiar, como el transporte.
Por supuesto, la ausencia de las medicinas recetadas a los pacientes, o las demoras insoportables en su entrega, ha supuesto que las droguerías y cadenas farmacéuticas estén fortaleciendo la venta privada, o sea, la que es directa a los pacientes o sus familiares, quienes se ven obligados a asumir el costo de los tratamientos.
Por eso, no sorprende que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) haya expresado su profunda preocupación ante la situación crítica que actualmente enfrentan los niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos raros de la coagulación, quienes no están recibiendo de manera oportuna y continua los medicamentos esenciales para preservar su vida en condiciones de dignidad.
Cualquier persona medianamente informada sabe que estas enfermedades pueden causar hemorragias graves, discapacidad permanente e incluso la muerte cuando no se garantiza un tratamiento adecuado y oportuno.
El doloroso caso del fallecimiento del menor de 7 años, Kevin Arley Acosta Pico, quien estaba diagnosticado con hemofilia sin haber recibido de forma oportuna y continua los medicamentos que requería, en vez de estigmatizar a los pacientes diagnosticados con hemofilia y a sus familias, obligan a que el Gobierno abandone la reprensible tesis del Chu Chu Chú.