Así como estaba claro que la emergencia económica decretada por el Gobierno a finales del año pasado no tenía sustento suficiente por la carencia de hechos extraordinarios devenidos de una crisis sobreviniente, es incontrastable que los dolorosos hechos acaecidos en este febrero en Córdoba, Bolívar y otros departamentos por las lluvias y desbordamiento de ríos sí constituyen sucesos imprevisibles.
La clave en este caso, con la expedición de una nueva emergencia económica, es que la conducta del Gobierno no permita inferir que se aprovechará esta trágica emergencia para imponer impuestos que engorden las arcas estatales, con el fin de distraer los recursos que se logren recaudar, en más burocracia y gastos electoreros que en soluciones de fondo para los miles de damnificados.
Es que hay razones para que las alarmas estén encendidas. Varios expertos ya han expresado sus prevenciones debido a la posibilidad de emplear otras alternativas que coadyuven a solventar la enorme crisis que se padece en tantos municipios. El Gobierno aspira a recaudar 8 billones de pesos como efecto de los decretos que reglamenten la nueva emergencia económica, pero no ha expuesto cuál es el sustento técnico que sirvió de base para proyectar esa cifra, que pudiera ser menor o incluso más, habida cuenta de los daños de toda índole que han causado los fenómenos climáticos que han concurrido en un mes tradicionalmente seco.
No es una afrenta afirmar que es sospechoso que se haya lanzado esa cifra cuando aún la emergencia no ha concluido y sin que se sepa a qué extensión territorial se contraerá el daño, el número de viviendas a refaccionar o a reconstruir, o las inversiones para reactivar la producción agrícola y pecuaria. Otros expertos con razón señalan en la diferenciación que hay que hacer entre los costos de la atención inmediata y los de la reconstrucción estructural.
En efecto, de mucho sirve devolver a las familias afectadas a los territorios de donde fueron expulsados por la emergencia; pero lo es aún más desplegar las inversiones en las obras públicas necesarias, para impedir que la naturaleza juegue un papel tan adverso en las vidas de al menos 58 mil familias afectadas en 16 departamentos.
El reto no es solo refaccionar las viviendas averiadas. El asunto es qué debe hacerse desde la ingeniería especializadas para que no vuelvan a inundarse miles de hectáreas. Tiene sentido que el Gobierno escuche las voces de las provincias, como lo propuesto por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Córdoba, esto es, utilizar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías (SGR) administrados por la Nación, por el orden de los 6 billones de pesos.
Una inversión basada en elementos técnicos, con destinación específica y empleando mecanismos de financiación que ya existen, como las disponibilidades del SGR, podrían considerarse.