Las decisiones adoptadas desde finales de diciembre pasado por el Gobierno, con el incremento del salario mínimo, y las de la Junta Directiva del Banco de la República este año, en que acordó por mayoría subir las tasas de interés en 100 puntos básicos (pb) hasta un 10,25% después de algo más de dos años en la senda de recortes y un solo ajuste a la baja en 2025, podrían tomarse como modelo para un caso de análisis en las escuelas de gobierno y las de ciencias económicas.
Ningún experto atinó a predecir que la Junta del Banco de la República saltaría de una vez a los 100 puntos, pues se esperaba un promedio de 25 pb y en el mayor de los casos, en 75 pb. Pero las consideraciones de la mayoría de los codirectores del banco central enseñan que la moderación que le faltó al Gobierno al expedir el decreto de incremento del salario mínimo les correspondía asumirla a ellos considerando la presión al alza que se percibió en el primer mes de este año, ratificada posteriormente por el DANE al revelar que la variación del IPC fue del 5,35% anual.
Es que, sin considerar alimentos, la inflación registró un aumento de 30 puntos básicos en solo un mes, al pasar de 5,11% a 5,41%, entre otras medidas que rompen la tendencia a la baja que disfrutamos en noviembre y diciembre de 2025.
Que el impacto del incremento del salario mínimo es el factor determinante de la subida en la inflación no es solo la opinión dominante entre los expertos en estos temas, quienes han señalado que el promedio de las tres mediciones de inflación básica del Banco de la República confirman las presiones de precios derivadas del salario mínimo; lo es para la Junta del Banco, que señaló también a la crisis financiera asiática y rusa; la defensa de la “Banda Cambiaria” (por la cual la Junta pretende evitar que el dólar supere el techo de la banda ante la fuga de capitales); el déficit fiscal y de cuenta corriente (debido al elevado gasto público y el déficit comercial creciente por el relevante crecimiento de las importaciones).
Por lo anterior, se proyecta que las tasas de interés superen este año el 11%, ya que se prevé que la inflación esté cercana al 7% al finalizar el presente año.
Por todo ello, cuando se planteó un incremento del salario superior incluso al que solicitaron las centrales obreras, más bien con un propósito funcional de cara a los debates electorales que se avecinan, no se previeron las consecuencias colaterales que la decisión política, carente de elementos técnicos apropiados para estos casos, propinarían a diversos sectores, singularmente a los más vulnerables, en tanto que era previsible que el aumento del salario mínimo se diluya con la inflación.
Era inevitable, entonces, que el país entrara en un nuevo ciclo de presiones alcistas, que bien pudieron evitarse si el Gobierno hubiera considerado las consecuencias de las decisiones tomadas al son de lo que conviene electoralmente.