Si un principal deber del Estado es proteger a todos los residentes en su vida e integridad física, en su honra y en sus bienes, creencias y demás derechos y libertades, podría afirmarse que en 2025 les falló a buena parte de los colombianos.
Según el último Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW), en 2025 Colombia atravesó una de las peores crisis humanitarias de la última década, singularmente por los abusos sistemáticos cometidos por distintos grupos armados en varias regiones del país. Si a eso se le suman el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, el cuadro de deterioro de los derechos humanos en Colombia es alarmante.
El aparato oficial no logró proteger de manera efectiva a la población civil, ni avanzar de forma sustancial en la investigación y desmantelamiento de los grupos armados en 2025, bajo el signo de que ese periodo superó los niveles de violencia previos al proceso de paz.
El drama bien documentado en el Catatumbo, en el que casi toda una región quedó “vaciada de habitantes luego de que dos grupos armados ilegales convirtieran sus tierras en escenario de guerra”, con casas, colegios, estaciones de policía y centros de salud “transformados en campos de batalla donde la vida civil quedó atrapada y solo la brutalidad impuso sus reglas”, aunque fue la muestra más palpable de esa ausencia de Estado, otras regiones históricamente vulnerables como Cauca, Arauca, Nariño, Chocó, sur de Bolívar y Antioquia no solo no vieron materializar “la esperanza de una vida en paz, sino que, una década después del Acuerdo de Paz de 2016, la violencia ha adoptado nuevas formas”.
La expansión de los grupos armados ilegales a propósito de las ventajas que ha supuesto para los violentos el embeleco de la paz total, y la consecuente disputa por el control territorial y las economías ilícitas, son prueba de la necesidad de reconocer que esa propuesta, defendida a todo pulmón por el actual Gobierno, ha dañado a aquella población que tiene que soportar el dictado agresivo de las bandas mafiosas, que aplican estrategias de extrema violencia para imponer control en distintas regiones del país.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que más de 137.000 personas quedaron confinadas entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y otras acciones armadas, una cifra que representa un aumento significativo frente a 2024. Allí también se alerta sobre el aumento del reclutamiento de menores. Si se concluye que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de manera efectiva a la población civil ni garantizar el acceso a la justicia a las víctimas ni avanzar en el desmantelamiento de los grupos armados, entonces, ¿qué papel está jugando el Estado y quienes lo representan?