Quienes se formaron en el sistema de salud anterior, que fue un desastre, con razón ven con temor el retroceso hacia el que va el actual si se acaba abruptamente el aseguramiento en la atención de la salud. Y no son los ricos, por cierto, que son muy pocos, los que van a llorar. Son, como suele ser, los pobres y la clase media los que más van a sufrir.
La monopolización de la salud por el Estado, como objetivo sustancial de una manera de ver la vida, hace parte de una estrategia no disimulada, confesada con el famoso chu chu chu y la crisis explícita, para que toda la población dependa 100% del Estado, salvo aquella que no llora, o sea, la que puede seguir pagando la medicina prepagada o pagar la consulta y la atención privada, o irse al exterior a curar o controlar sus males.
En los tiempos en que el Estado manejaba la salud, a eso que nos quieren hacer volver, la cobertura de la población era menor del 23% y los beneficiarios del Instituto de Seguros Sociales prácticamente no existían, pues era asunto reservado para los trabajadores afiliados. La corrupción, por supuesto, acabó con el sistema.
Y no es que ahora no haya corrupción; por el contrario, es este mal endémico el que está provocando que se quiera acabar con lo que se logró construir. Todo lo que mejoró en cobertura como en eficiencia con la Ley 715, se fue dañando con el peor cáncer del sistema de salud, que es la corrupción.
Pero si ahora la hay, qué se espera si pasa al control exclusivo de la pesada y voraz burocracia estatal y el consecuente clientelismo. En un país de punzante pobreza es necesario el aseguramiento junto a la universalidad, complementariedad, subsidiaridad, contribución y solidaridad. Estatizar con subsidio a la oferta por parte del Estado es pagar más impuestos, cuotas parlamentarias, palancas y comercio de influencias. Por eso, la posibilidad de una liquidación generalizada y acelerada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como lo propone el Gobierno, no hace sino tensionar aún más el sistema de salud colombiano.
El reciente comunicado de un amplio bloque de asociaciones de usuarios, pacientes, prestadores, gremios, académicos y exfuncionarios del sector, advierte que una decisión de este tipo profundizaría la crisis actual y aumentaría de manera inmediata los riesgos para millones de pacientes y para la red hospitalaria del país.
Si la estatización resolviera los problemas, la intervención de siete de las EPS que concentran la mitad de la población afiliada al sistema de salud, ya le habrían devuelto la tranquilidad a este.
Si el conjunto de las entidades intervenidas suma más de 23 millones de afiliados, por supuesto que la liquidación simultánea o escalonada de estas aseguradoras no sería un simple trámite administrativo, pues supone redefinir el destino de casi la mitad de los usuarios del sistema.
Si va la liquidación, que antes nos digan cómo se hará la sustitución.