El Gobierno se propone repatriar billones de pesos en ahorros de los trabajadores, contenidos en inversiones extranjeras, administrados por fondos de pensiones privados.
A pesar de que el proyecto afirma que serán gestionados con sujeción a criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación y adecuada administración del riesgo en estricto beneficio de los afiliados, buscando optimizar la composición de los portafolios, aterra la posible afectación a la autonomía técnica de los fondos privados de pensiones colombianos.
Las canas en las cienes enseñan que casi todo lo que toca el Estado, lo daña. Qué difícil es esperar, entonces, que esta iniciativa mejore la eficiencia en la administración de los recursos pensionales, aunque la excusa sea que los recursos serán orientados a inversiones en áreas que generen valor agregado y contribuyan al desarrollo sostenible.
Por fortuna, el proyecto fija un límite global del 30% a las inversiones en activos del exterior de los fondos de pensiones, con una implementación gradual que contempla un umbral intermedio del 35% al tercer año. Si esto ocurre así, y sabiendo que a 30 de noviembre de 2025 el total de recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorios ascendía a $527,3 billones, y $257,1 billones correspondían a inversiones en el exterior, el 48,8% del total del portafolio tiene vocación de caer en este inquietante propósito.
Si esta idea sigue en firme, hay varias razones que justifican los temores. Una inevitable es la caída aún más pronunciada del precio del dólar a nivel interno. Más dólares circulando supondrán una mayor revaluación del peso, tal y como viene ocurriendo ahora por cuenta de la fuerte dinámica de endeudamiento que mantiene el Gobierno, que ya va por 152 billones de pesos.
Afirmar que esos recursos servirán para inversiones en megaobras es una falacia, pues está claro que a este Gobierno o, mejor, a este estilo de gobierno, poco importan los macroproyectos, pues la prioridad es la contratación de personas con OPS y la repartición de subsidios. Inaugurar obras públicas prácticamente es un pecado, a lo que se suma la inestabilidad jurídica y contractual.
Al contrario, pesan razones para prever que las divisas que ingresen se destinarán a financiar el profundo déficit fiscal acumulado, con lo cual, en vez de inversiones para las obras que necesita el país, lo que habrá será más recursos para financiar al Estado glotón.
Cómo se hace para que este proyecto no afecte negativamente el ahorro de millones de colombianos afiliados al sistema de pensiones es pregunta obligada, máxime si se sabe que la pensión promedio de un venezolano que ahorró toda su vida es de 6 dólares mensuales.
¿Cómo no llegar a ese panorama triste si se limita la capacidad de diversificación y de identificación de oportunidades de inversión en portafolios globales?