Con justificada preocupación, en noticia de la semana pasada, informamos a nuestros lectores sobre el aumento de la insolvencia empresarial tanto a nivel nacional como regional.
De conformidad con reciente informe de Insolvencia Colombia, a nivel nacional 18.700 colombianos se declararon en insolvencia en 2025, lo que equivale a un sorprendente 79% más que en 2024 y, con ello, el mayor incremento de los últimos 10 años. Y acá, en el departamento de Bolívar, durante esa misma vigencia, las solicitudes de insolvencia crecieron 16,67%. Como lo señalaba el director de Insolvencia Colombia, en nuestro departamento hay un alto grado de informalidad, lo que se refleja en el poco acceso al sector financiero.
Nuestros gobernantes tendrían que estar alarmados con estas cifras, que provienen de fuentes confiables pues resultan de contrastar datos del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial, de donde se desprende que las principales causas por las cuales los colombianos se declararon en insolvencia el año pasado fueron el desorden financiero (38,77%), el trabajo informal o desempleo (31,54%), la mala educación financiera (14,4%), los emprendimientos fallidos (7,78%), entre otros (7,51%). De estos, el 58,1% fueron hombres, 41,82% mujeres, 42,86% solteros y 57,14% casados o en unión libre.
Habría que hacer un esfuerzo mayor para que los colombianos accedan a educación financiera, singularmente de quienes desarrollan sus actividades profesionales, artes u oficios en la informalidad. Explicarles, por ejemplo, de la hipótesis del negocio en marcha, para que prevean situaciones de riesgo financiero, y la revisión periódica de la planeación estratégica para que la administración evalúe si la entidad tiene la capacidad de continuar operando, monitoreando indicadores de riesgo como pérdidas recurrentes, incumplimiento de obligaciones, singularmente las tributarias o con las del sistema de seguridad social.
También preocupa que, de las insolvencias registradas en 2025, solo un 32,86% de los casos los empresarios o deudores llegaron a acuerdos con sus acreedores; o sea, que la gran mayoría no logró concluir los procesos de recuperación de sus negocios, con lo cual el 67,14% se vio abocado a una eventual disolución y liquidación de sus empresas, lo que convierte al 2025 en el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace apenas cuatro años el 60% de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos, según afirmación Insolvencia Colombia.
Según el Gobierno, todo marcha muy bien; pero si hay un medidor de la realidad es ‘qué está pasando con las MiPymes’. Mirar hacia allí puede dar muchas respuestas.