La captura cinematográfica del dictador Nicolás Maduro y su esposa en Caracas el pasado 3 de enero, impensable sin una colaboración eficaz, o de este mismo, o de varios de sus compañeros de camarilla, con el consecuente entendimiento de la vicepresidenta con el mandatario de EE. UU., deja tanto alborozos como sinsabores.
De los alborozos no tiene sentido extenderse. Estos no existen para los progresistas de extrema izquierda ni para quienes defienden el Derecho Internacional Público como norma superior que propicia el respeto por la soberanía de las naciones y la convivencia pacífica entre los Estados o sus gobiernos. Y existen todas las alegrías posibles para a quienes poco importa, en un caso grave como el de Venezuela y sus tiranos, cuál haya sido el mecanismo, y por quién, con tal de salir de esa banda de malhechores.
Los sinsabores son muchos, y se han discutido con suficiencia esta última semana en la Occidente que aún defiende los valores fundantes de la democracia liberal, si es que hay otra, con lo cual no tiene sentido mencionarlos ahora, salvo centrarse en un aspecto poco tratado, y tiene que ver con cuál es el sentido de la verdadera soberanía.
Esta institución suele definirse como el principio fundamental por el cual el poder supremo y la autoridad máxima de la nación residen exclusivamente en el pueblo, de lo que se desprende que todo el poder público emana de los ciudadanos, mediante mecanismos que otorgan a estos la capacidad de autodeterminarse y organizar su ordenamiento jurídico, pero no de manera permanente aunque sí directa, con los mecanismos de participación democrática (voto, plebiscito, referendo, consulta popular, etc.), e indirecta, por medio de sus representantes elegidos en periodos electorales concretos, como los de Congreso, Presidencia, diputados, etc.
El Estado, por su parte, es el principal llamado a proteger y hacer respetar la soberanía, mediante las personas que integran los poderes públicos, y, sobre todo, a mantener la independencia frente a otros Estados y organismos internacionales, sin injerencias políticas, jurídicas o militares externas, lo cual significa que solo hay soberanía si el Estado está en capacidad de proteger el territorio, a su pueblo y el ejercicio del poder, que permite defender la independencia nacional y la integridad territorial.
Lo anterior llama a inferir que quienes quedaron a cargo del poder en Venezuela no solo no supieron defender la soberanía de esa nación, sino que carecen de la capacidad para mantener la independencia política y la integridad territorial. Los alardes de poder de Washington sobre Miraflores no son aparentes; la sucesión de acontecimientos, los discursos de sus líderes y los efectos de lo acaecido este 3 de enero muestran una clara capitulación del Estado venezolano en favor del estadounidense.
El tema merece más desarrollo.