Es loable que el Gobierno proponga atar el precio de venta de la Vivienda de Interés Social (VIS) en pesos y no en salarios mínimos. Y esta disgregación debería extenderse a otros campos de la realidad económica nacional, sobre todo ahora que la fijación del salario mínimo dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en una estrategia de campaña política.
La iniciativa, contenida en un proyecto de decreto ampliamente difundido, también propone que el valor de la vivienda será único desde que se separa hasta que se entreguen las llaves, lo que también es loable, pero desatiende realidades infranqueables, como que la construcción de este tipo de viviendas supone un proceso que puede extenderse por varios años, con incrementos en distintos costos diferentes a los salarios, como tasas de interés, gastos financieros, los costos de licenciamiento y el desinterés que puede suscitar el inicio de nuevos proyectos VIS en los constructores por el evidente traslado de todos los riesgos de aumentos de costos durante la ejecución de estos proyectos.
Lo que ha ocurrido es una falta de previsión: si el objetivo era incrementar el salario muy por encima de lo pedido por las centrales obreras, y sin observar razones técnicas sino meramente de justicia social o con miras a una campaña política o de castigar a la gran empresa sin parar en mientes sobre los efectos en el resto de empresas -que son la gran mayoría- o la combinación de todas estas, lo correcto habría sido calcular o medir los efectos que semejante incremento tendría en tantas dimensiones de nuestra realidad económica.
Para evitar que el precio de las casas suba de forma sorpresiva y asegurar que a las familias les alcance el dinero pactado para pagar las VIS, era menester dictar el proyecto de decreto antes de fijar el salario mínimo como factor de determinación del aumento de este y otros elementos que van directo a la economía y canasta familiares. Y así en los demás sectores que crecen en precios conforme con el porcentaje de incremento del salario mínimo, razón por la que ese aumento está concebido como producto de una mesa de concertación entre trabajadores y empleadores, y no como una singularidad del gobernante de turno.
Por supuesto que es factible presentar ese aumento como un avance social histórico; pero lo responsable es que, frente a cualquier conquista histórica que sea concedida, no por iniciativa popular, sino por la decisión libérrima del gobernante, tenga en cuenta los efectos que se extienden hacia la economía de todos los hogares.
El riesgo de que el incremento se pierda para los trabajadores formales por el aumento automático de distintos bienes y servicios no es menor para quienes, como ocurre con las mayorías de este país, no reciben ese salario mínimo asegurado, sencillamente porque no basta con decretar la prosperidad para que esta se produzca.