Después de desentrañar las entrevistas concedidas a diversos medios por Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, las alarmas sobre lo que podrían ser las verdaderas intenciones del Gobierno en relación con el plan de repatriar las inversiones que mantienen en el extranjero los fondos de pensiones privados deben permanecer encendidas.
Tiene pleno sentido la citación que la Procuraduría ha hecho para la próxima mesa técnica que evaluará el decreto que agencias del Gobierno han proyectado para modificar las reglas del juego en torno de los ahorros pensionales de millones de colombianos.
Es más que justificado que el Ministerio Público reúna al mayor número de responsables, expertos y a los voceros de los grupos de interés, singularmente a los futuros beneficiarios de sus pensiones en los fondos privados, con el objeto de evaluar los riesgos que la medida proyectada tendría para los ahorros de los aportantes o afiliados, así como valorar cómo afectaría los rendimientos y la diversificación de los portafolios y qué capacidad tendría el mercado colombiano para absorber los ingentes recursos que aspiran a “repatriar” sin que afecte de forma relevante, como se teme, la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.
Aun cuando el presidente Gustavo Petro reconoció que tal plan tendría que adoptarse de manera gradual en la medida que hacerlo intempestivamente afectaría los ahorros de los trabajadores, sus palabras no tranquilizan si se considera que no está claro cuál es el sentido de este desconcertante propósito y qué lo motiva, habida cuenta del provecho económico que ha supuesto para los ahorradores esa dispersión del riesgo y la variedad de opciones de inversión, que han mejorado ostensiblemente el capital y los intereses acumulados con miras a las actuales y futuras pensiones en los fondos privados.
Pero es el caso que las revelaciones de la exdirectora de la URF sólo llaman a la inquietud en cuanto al paso que el Gobierno quiere dar, pues en nada parece que sería una buena decisión y porque, además, es altamente sospechosa la pretendida movida en pleno debate electoral.
La exdirectora Higuera debió renunciar, según su decir, porque se negó a sacar adelante el referido proyecto de decreto debido a los riesgos de traer de manera exprés 125 billones de pesos en seis meses, contenidos en inversiones existentes en diferentes jurisdicciones, monedas y activos para poder mejorar la diversificación y la rentabilidad de los portafolios debido a que el mercado de capitales local es poco profundo y líquido.
En tema tan sensible, los trabajadores y pensionados por ahora solo dependen de la sensatez del presidente. Es de esperar que priorice los intereses de estos.