¿Qué llevó al presidente de la República a actuar contraevidentemente en relación con el incremente del salario mínimo? Esta pregunta es elemental ante la evidencia de que ello supondría multiplicar por tres lo ofrecido por los empresarios en la Mesa de Concertación Salarial, o una tercera parte más de lo solicitado por los voceros de los trabajadores formales.
Es pertinente la pregunta, también de cara al daño que se les inflige a los pensionados con mesadas superiores al salario mínimo, que verán en 2026 que estas perderán valor al estar su incremento atado al IPC.
No puede ser que Presidencia no se haya preguntado sobre los efectos directos y los colaterales en el resto de la economía, al privilegiar solo el interés inmediato del 10% de los trabajadores que sí recibirán el incremento del 23,7%, cuando es evidente que el resto de estos se mantendrá en la informalidad, carente de los beneficios de un empleo formal. Es como si se hubiera decretado tal alza pensando solo en los trabajadores de la gran empresa, con pleno desconocimiento que la inmensa mayoría de los empleados perciben sus ingresos en las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman el 99% del tejido empresarial del país.
Tampoco se pensó en la trampa que se le impuso a los jóvenes emprendedores, a los que se les vendió la sana idea de que arrancaran sus negocios mediante la formalización, que implica la vinculación de personal con todas las garantías laborales, a partir del reconocimiento del salario mínimo legal, quienes cada mes hacen su mayor esfuerzo para honrar el pago de dicha retribución al escaso personal que pueden vincular, y que ahora tendrán que decidir con quiénes pueden seguir, si es que pueden seguir bajo las figuras jurídicas tradicionales, o si se pasan a la tercerización o a la maquila de sus productos, o al cierre definitivo de sus emprendimientos, lo que suele ocurrir a los 4 años de creadas.
Ni qué decir de los hogares con dos empleados del servicio doméstico, en los que sí se les paga todas su prestaciones, salario pleno y vinculación al sistema de seguridad social, que ahora tendrán que decidir si pueden seguir con una o uno de estos, desvincular al otro u otra, o pasarlo a medio tiempo; y más difícil en aquellas familias que hacen un gran esfuerzo para vincular a una de estas personas, viéndose ahora en la difícil decisión o de terminar el contrato, o de pasar el servicio a medio tiempo.
Algo similar en los restaurantes o en hoteles, residencias y hostales, en los que ya la carga económica del propietario se incrementaba por la reforma laboral. Ahora viene el aumento de consultas a los laboralistas para encontrar horarios que puedan adoptar, y qué número de trabajadores habrá de cesar para la continuidad de la existencia de la empresa.
Son interrogantes que faltaron en Presidencia; y eso, sin considerar el peor de los impuestos: la inflación.