Es apenas natural que el decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo haya despertado tantas voces de rechazo. En efecto, antes de que se conociera su texto las recomendaciones de las más autorizadas instituciones llamaban a tomar un camino distinto al de incrementar los impuestos a buena parte de los contribuyentes. Por ejemplo, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Senado, la Contraloría General de la República advirtió que al Gobierno no le queda otro camino que recortar $16,29 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026; o sea, lo más lejos de imaginarse que se despacharía una Emergencia Económica para lograr por decreto lo que no se logró por ley.
Para la Contraloría, el Congreso había expedido el presupuesto de 2026 con una disparidad estructural en tanto que los gastos se fijaron en $546,9 billones mientras que los ingresos asegurados solo suman $530,7 billones, diferencia que pretendía cubrirse con la fallida reforma tributaria. Con la expresión del contralor general, en cuanto que al Gobierno “solo le resta el camino del recorte del gasto” para curar ese déficit presupuestal, la posibilidad de lograr impuesto mediante facultades extraordinarias en favor del Ejecutivo resultaba impensable.
Para mencionar solo a otra institución de similar credibilidad e importancia en temas económicos oficiales, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ya había advertido sobre la improvisación fiscal y el exagerado aumento del gasto en el Gobierno central, ratificando su preocupación por las “significativas discrepancias” halladas entre el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2026-2029 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), diferencias relevantes que reflejan serios problemas de planeación institucional y financiera del sector público nacional.
Para el CARF, la credibilidad de la política fiscal colombiana está en riesgo por las inconsistencias en las cifras calculadas para 2026 al no coincidir el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el próximo año con los techos de gasto establecidos en el mismo documento para dicha vigencia, con lo cual el Marco quedó desactualizado en el momento en que el Congreso archivó la reforma tributaria.
De conformidad con lo expuesto por al menos esas dos instituciones una vez se archivó el proyecto de reforma mencionado, el camino correcto no era expedir por decreto extraordinario, con fuerza de ley, una nueva reforma tributaria, sino disminuir el gasto público, incluido el achicamiento del Estado en aquella burocracia creada mediante órdenes de prestación de servicios en los últimos tres años, reduciendo entidades estatales o fusionándolas para ajustarse a las realidades del presupuesto posible, tal y como hace un buen padre de familia, que no gasta más de sus ingresos.
Aún no se ha reglamentado la Emergencia; hay tiempo para corregir