La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), diseñadas con el propósito de desarrollar inteligencia estratégica y contrainteligencia para el Estado, y contrarrestar amenazas internas y externas mediante la producción de análisis que apoyen la toma de decisiones del presidente y el Alto Gobierno, la primera, y tener acceso a todas las operaciones financieras para proteger al país de amenazas internas y externas, identificar los recursos de la corrupción y del lavado de activos, la segunda, merecen un especial seguimiento.
Fueron creadas para recomponer la inteligencia estatal después de tantos episodios de ingrata recordación, como los protagonizados por el DAS, pero vuelven a despertar inquietud debido a diversos factores, que pasan por la remontada del poder de los grupos armados, la presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en la DNI y en el Ejército, y el aparente rompimiento de la política de depuración de la Fuerza Pública, conforme con lo afirmado por el presidente en relación con la lucha contra la corrupción.
Sería doloroso que de las investigaciones que se adelantan se confirmen las sospechas de la presunta existencia de pactos de no agresión con algunos oficiales del Ejército y la entrega de información de operaciones reservadas en su contra, tal como ocurrió con el DAS y paramilitares hace dos décadas; así como sería inadmisible que, conforme con revelaciones de El Tiempo, la UIAF estaría usando información para ‘chequear’ a decenas de personas por instrucciones venidas de Ecopetrol o de otras instituciones estatales, sobre todo de cara al debate electoral de 2026.
El Gobierno está llamado a garantizar a los ciudadanos que la DNI y la UIAF están armonizadas con la inteligencia de las FF. MM. para confrontar óptimamente, especialmente de manera preventiva, las amenazas contra la seguridad nacional. Episodios como los que vienen sucediendo en distintas regiones del país, como el secuestro y asesinato de miembros de la Fuerza Pública, o la intimidación a la población civil, con evidente sorpresa para las autoridades que representan al Estado, obligan a inferir que no está funcionando bien la Comunidad de Inteligencia nacional.
No es extraño lo anterior si el país aún mantiene la sancionan impuesta por la comunidad de inteligencia financiera internacional por revelaciones de su labor en Colombia, sujetas a confidencialidad, hechas desde Presidencia.
No parece que la solución fuera hacer pagar con sus cargos a los generales por las derrotas en terreno y las debilidades en la inteligencia. Antes, cabría que, desde la cabeza del Palacio de Nariño, haya una autoevaluación sobre la naturaleza del liderazgo y direccionamiento que se está ejerciendo sobre instituciones como la DNI, la Uiaf y las FF. MM.