Tras el anuncio de la declaración de Emergencia Económica y la reacción de distintos voceros de instituciones en el Congreso, organizaciones gremiales y de analistas financieros y sociales, podría concluirse que en el país se está consolidando un patrón político y fiscal que muestra a la incertidumbre como política pública permanente.
La caída de la reforma tributaria en el Congreso es, también, el más reciente capítulo de la profundización del divorcio entre sus mayorías y el Palacio de Nariño.
Los congresistas que hundieron el proyecto de reforma tributaria no solo adoptaron esa decisión alegando que estaba mal diseñado; también sostienen lo que está bastante extendido en el ambiente político y entre los analistas de los fenómenos sociales: que serviría de mayor alimento a un Gobierno desesperado por recursos para gastar en 2026, año en el que centrará todos sus esfuerzos en retener el poder, cerrado a la escucha de otras fuerzas políticas y desconectado de la realidad social que afirma encarnar, al solo desarrollar programas que aúpan la complacencia y militancia político-electoral.
El malestar contra una nueva reforma tributaria de cara a 2026, en medio de una narrativa de justicia social, lucha contra la desigualdad y transformación estructural del Estado, se produce en un entorno de mayor polarización, con un aparato estatal y militar debilitado o desmoralizado, con un ambiente de negocios erosionado y una porción de la ciudadanía con perceptibles sentimientos de frustración.
Las promesas electorales de austeridad, eficiencia y transparencia se desmoronan bajo el propósito de extracción de más recursos a ciudadanos y empresas, en un ambiente de que mezcla el clientelismo, la confrontación y la percepción de adopción de decisiones improvisadas que después se corrigen en los estrados judiciales, lo que aleja de su entorno natural el debate de lo técnico entre los ciudadanos y en el parlamento.
Con el propósito del ministro de Hacienda de acudir a la figura de la Emergencia Económica para intentar revivir, por la puerta de atrás, la agenda tributaria preelectoral rechazada en el Congreso, se agriará aún más el clima social, pues no se trata solo de un debate jurídico; es un mensaje político devastador: lo que no se logra en el Congreso se consigue con herramientas excepcionales de la Constitución, que rijan mientras la Corte Constitucional las deje sin vida jurídica.
El resultado para la sociedad y la economía es un círculo vicioso de desconfianza. Cada decreto nacerá con olor a inconstitucionalidad, lo que incrementará la sensación de incertidumbre entre los contribuyentes, ya abrumados por una carga fiscal elevada y con una institucionalidad tributaria compleja, que se verá en el dilema de cumplir normas transitorias, injustas y con alta probabilidad de ser removidas del ordenamiento jurídico.