Como en otro momento se dijo en esta tribuna, pocos eventos institucionales propinan más desprestigio a concejos y concejales que los procesos de elección de contralores y personeros municipales o distritales, por cuanto tales trámites están plagados de múltiples tropiezos, penosas controversias y, además, algunos concluyen con la imputación a concejales por graves delitos contra la administración pública.
En Cartagena, como sabemos, cada vez que se abre uno de estos procesos, singularmente el de elección del contralor, hasta un observador desprevenido infiere que las medidas de aseguramiento o la pérdida de la calidad del elegido no serían algo exótico.
Se dijo también que la revisión rigurosa de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que consagran la Constitución Política y demás normas aplicables, de los conflictos de interés y de la transparencia en el manejo del proceso para quienes concurran al concurso reciban un trato digno, igualitario y serio, son apenas elementos que la ciudad demanda de nuestros concejales.
Aunque el trámite que cursa en el Concejo de Cartagena desde mediados de este año se percibía ordenado, las vicisitudes que se han observado desde que la terna inicial fue entregada a la corporación han puesto en entredicho todo lo relativo a este acto trascendente de entre las funciones que debe cumplir ese ente edilicio en ejercicio de sus graves funciones.
Desde aquí ya hemos propuesto la eliminación de las contralorías municipales y distritales y su asunción en las contralorías regionales. O, al menos, un cambio radical en el modo de elegir los contralores. Y aunque esto pudiera sonar descabellado en tanto que las contralorías municipales son los organismos llamados a ejercer vigilancia fiscal de entidades públicas y privadas que administran bienes y/o recursos oficiales, para procurar su buen uso, la falta de credibilidad en la capacidad de investigar y sancionar a los servidores públicos locales, y todo lo que rodea a un acto que tendría que ser óptimo debido a las lecciones aprendidas de elecciones pasadas, la propuesta no resulta descabellada.
Reiteramos que las contralorías son percibidas como cargas ineficientes para los erarios municipales o distritales, porque muy poco contribuyen a disuadir de la comisión de actos de malversación de bienes públicos, o para prevenirlos o para sancionarlos.
Lo único que puede cambiar esa percepción es que los concejales de Cartagena elijan al profesional que garantice la mayor autonomía, rectitud y transparencia; que sea prenda de garantía de que concluirá las investigaciones en curso con el rigor que se depreca, y para que juzgue la gestión fiscal de los pasados y actuales funcionarios distritales sin pasiones ni interferencias indebidas, prevaliendo los intereses de la ciudad por encima de la política, la mendacidad o la venganza.