El deterioro de la libertad de prensa en Colombia ha dejado de ser una alerta sectorial para convertirse en un problema estructural de la democracia. Así lo confirma el informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y así lo ha advertido de manera reiterada la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), que documenta un escenario cada vez más adverso para el ejercicio periodístico en el país .
Desde El Universal compartimos plenamente esa preocupación. Y la mirada desde las regiones resulta aún más inquietante. Los periódicos de provincia y los medios regionales enfrentan no solo las amenazas derivadas del conflicto armado y de la criminalidad organizada, sino también enormes dificultades económicas para sostener su operación. En muchos departamentos, estos medios son la única garantía de información, vigilancia al poder y cohesión social. Sin ellos, la democracia se debilita peligrosamente.
El informe de la CIDH es claro al advertir que el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo, especialmente cuando investiga la gestión pública, las economías ilegales o la seguridad. Señala, además, que los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas constituyen un “desafío crítico” para el país, pues normalizan la violencia, justifican la intimidación y erosionan el debate democrático.
La AMI ha sido enfática: estos señalamientos, sumados a prácticas discriminatorias en la pauta oficial y al uso de medios públicos como herramientas de propaganda, afectan gravemente el pluralismo informativo.
El informe de la CIDH recomienda al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para proteger la libertad de prensa, entre ellas evitar el uso de los medios públicos como herramientas de propaganda, garantizar que la pauta oficial se asigne con criterios claros, objetivos y transparentes, e implementar de manera efectiva la directiva presidencial sobre el respeto a la libertad de expresión por parte de los funcionarios. Insta también a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y a crear un registro integral de agresiones que permita prevenir la violencia y asegurar un ejercicio periodístico libre, seguro y plural en Colombia.
El país necesita que el Gobierno nacional escuche y entienda las recomendaciones del informe. Es imperativo que cesen los ataques a la prensa, vengan de donde vengan: de actores armados ilegales o de sectores del poder político. Los medios no somos adversarios ni enemigos; cumplimos una función social irremplazable. Ninguna diferencia ideológica justifica la violencia, la intimidación o el señalamiento contra quienes informan. Defender la libertad de prensa es, en última instancia, defender el derecho de los ciudadanos a saber y a decidir en libertad.