En el editorial de ayer, que publicamos en concordancia con El Heraldo, comentamos sobre la profunda crisis de suficiencia financiera de Air-e intervenida y de Afinia, que dejó de ser -y desde hace rato- un problema territorial para convertirse en el mayor riesgo sistémico del mercado eléctrico colombiano que, por ello, amerita una solución estructural nacional.
Decíamos que, los avances en calidad del servicio, asociados a la disminución en la frecuencia y duración de interrupciones, inversiones por $3,2 billones en el caso de Afinia y reducciones tarifarias entre 22% y 27% de ambos operadores, la relación ingreso-costo continúa deteriorándose. En consecuencia, el problema ya no es operativo, sino estructural; o, dicho en otros términos, de un modelo que es incapaz de garantizar servicio digno para millones de usuarios.
Por ende, se hace impostergable abrir la discusión sobre un mecanismo permanente de compensación, que sea financiado con recursos de la nación para estabilizar los ingresos de los operadores, mientras se corrigen rezagos de infraestructura y se formaliza la demanda. Eso para empezar. Al tiempo es posible evaluar cómo se incorporan las nuevas tecnologías de la transición energética o figuras de esquemas concesionados o mercados segmentados.
La Región Caribe debe estar en el centro de la discusión nacional, porque la energía eléctrica, para sus millones de habitantes, no es un lujo. Más bien, como en el resto del país, es un derecho habilitante que supedita la educación, la salud, la competitividad y la calidad de vida de la gente. La crisis de Air-e intervenida y Afinia no solo afecta hogares; compromete oportunidades de desarrollo, de inversiones productivas y la confianza en las instituciones.
En ese sentido, se deben fortalecer los procesos de intervención comunitaria, mejorar la gobernanza local y asegurar que las inversiones se traduzcan en apropiación del servicio. La sostenibilidad del esquema dependerá tanto de esfuerzos técnicos y mayor eficiencia, como de dinámica social y corresponsabilidad ciudadana. Robar o defraudar energía es un delito.
Superado el debate de las tarifas y de su estabilización, corresponde centrarse ahora en la inviabilidad financiera de Air-e y Afinia. Dejemos también de hablar de gestión deficiente para trabajar entre los distintos dolientes en un diseño institucional que se adapte a las realidades del Caribe.
La energía, como servicio esencial, requiere enfoque territorial y, ante todo, un compromiso nacional que garantice un futuro energético confiable, asequible y sostenible. Es simple: ignorar por más tiempo la magnitud de un problema que afecta a casi el 30% del mercado nacional, a la larga aumentará el costo para la totalidad de los usuarios del país. Los candidatos presidenciales deberían priorizarlo en sus discursos.