Recientemente mencionamos que, en octubre de este año, de los 977 mil nuevos puestos de trabajo que se crearon, 732 mil fueron informales y por cuenta propia; es decir, que siete de cada diez empleos nuevos corresponden principalmente a labores informales, incluidos a quienes, estando bajo continuada subordinación de un empleador, este no cumple con las obligaciones básicas de la seguridad social y otras condiciones legales.
Desde otra variable para este editorial, debe considerarse el curso del nivel de precios desde la posesión del actual Gobierno, en el que faltando nueve meses para que termine su mandato, ya han aumentado 25%.
Conforme con la opinión de diversos expertos, así como el Banco de la República no ha logrado cumplir sus pronósticos y metas desde 2021, lo que ha compensado, salvo en contados periodos, con la negativa a reducir las tasas de interés, el Gobierno optó por una política de gasto desabrochada incluso pasando los límites de la regla fiscal desde 2024, a la par que aumentó el salario mínimo para el presente año sin valorar la presión alcista que propinaría a la canasta familiar, agravado por el incremento del déficit fiscal, ya cercano al 7% del PIB, que no mira con preocupación la disparada de la deuda pública que terminará este año en el 66% del PIB.
Si la inflación es el peor de los impuestos para los hogares, se esperaría que la decisión que se va a tomar en los próximos días sobre el incremente del salario mínimo en la mesa de concertación tripartita entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales se tenga en cuenta la seriedad del impacto de esta variable directa en los precios, más factores inocultables como la informalidad, el desempleo y las largas interrupciones en la vida laboral de la mayoría de los colombianos.
Esto cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que el 2026 estará signado por las elecciones, y no sería extraño que el gobierno de turno pretenda retener el poder empleando, como ha ocurrido en el pasado, la estrategia de acudir al excesivo gasto público, con la tentación de incrementar el salario mínimo más allá de lo aconsejable, solo para ganar querencias a los posibles votantes.
Si lo que se quiere es que el mercado laboral formal se expanda, esto es, el que crea empleos dignos, con el reconocimiento de todas las prestaciones sociales y la inclusión en el sistema de seguridad social, que parece ser el que interesa a la mesa de concertación, las decisiones que se adopten de cara a 2026 no pueden ser todo lo contrario a lo que propicie las condiciones que le dan estabilidad al aparato productivo.
La informalidad suele no solo acarrear un empleo de baja satisfacción para quienes lo ejercen sin garantías de sostenibilidad y estabilidad; también es una bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos que no cotizan o dejan de cotizar cuando las razones del mercado empujan al desempleo.