Según el informe del mercado laboral colombiano revelado la semana pasada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en octubre de 2025 la tasa de desempleo en Cartagena fue de 11,1%, 0,3 puntos porcentuales menos que en igual mes de 2024, periodo en el que se ubicó en 11,4%.
La ciudad quedó como la cuarta con más alta desocupación en octubre, solo superada por Quibdó (23,9%), Sincelejo (12,3%) y Riohacha (12,2%), y en el puesto 19 del ranking de 37 ciudades que mide el DANE (32 capitales y 5 intermedias) los últimos 12 meses (noviembre de 2024 a octubre de 2025),
Debe alertarnos que, durante octubre, de las 417 mil personas con trabajo, 221 mil, esto es, más de la mitad, figura como Trabajadores por cuenta propia (52,9%), y del restante de ocupados, solo figuran como empleados particulares 148 mil, pues 16 mil son del Gobierno.
Igual inquietud debe extenderse sobre el dato de desempleo nacional presentado por el DANE, pues el trabajo por cuenta propia y la informalidad (el rebusque) fueron claves para que el desempleo en el país se redujera a 8,2% en octubre frente al 9,1% del mismo mes del año pasado.
Aunque en el panorama nacional, durante octubre las personas ocupadas llegaron a 24,37 millones, mientras que el año pasado fueron 23,39 millones, la cifra de ocupados más alta desde el 2014 y, con ello, por quinto mes consecutivo la tasa de desempleo sostenida en mínimos históricos ante la creación de 977 mil nuevos empleos, el asunto es que la informalidad subió ese mes a 56,1%, es decir, aumentó frente al 55,3% registrado en octubre del año pasado; o sea que en Colombia hay 13,6 millones de personas informales, mientras que hace un año eran 12,9 millones.
Todo lo anterior significa que el empleo disminuye porque aumenta la informalidad, lo que supone un creciente deterioro en la calidad del empleo nacional. Tal como lo señalan varios dirigentes gremiales, la leve mejora del desempleo oculta en realidad un estancamiento en la medida en que la informalidad está por encima del 56%, que en el fondo es un empleo sin derechos.
Los gobiernos nacionales, regionales y locales tendrían que aguzar sus sentidos para trabajar armónicamente con los sectores privados, sindicales y comunitarios en la búsqueda consensuada de caminos hacia la sostenibilidad en el corto y mediano plazo, considerando estrategias de formalización, productividad y empleabilidad. El Gobierno no puede seguir pensando que con la creación de puestos públicos y OPS garantizará el crecimiento y bienestar en el largo plazo, tendencia que puede agudizarse en el próximo periodo electoral. Y ya, de cara a la discusión del salario mínimo para 2026, que entra en su fase final, sería un hará-kiri que el incremento no considere la realidad de la creciente informalidad ni el aumento de la inflación, que va directo contra la generación de empleo formal.