Las revelaciones que divulgó el Canal Caracol este domingo, de confirmarse, supondrían el caso más grave de corrupción y espionaje en la actual administración central. Si lo que hoy es apenas un asunto presunto pasa al plano de la comprobación, sería mucho más que la infiltración de un general y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según la información noticiosa, las disidencias de las Farc han tenido un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, tras tener acceso exclusivo a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024, en un retén militar en Anorí, Antioquia.
Es impensable que un general que había sido retirado por graves acusaciones haya sido incorporado al Gobierno en un cargo de notable influencia, y que permanezca en el cargo a pesar del contenido de los correos revelados, pues resulta que finalmente esos personajes recibieron protección para sus desplazamientos, bajo la desprestigiada y abusada figura de los gestores de paz, y volvieron, gracias a esa protección que les dieron desde el Gobierno, a delinquir contra el país. Increíble también que el alto funcionario de la DNI se haya convertido en importante agente de inteligencia del Estado básicamente por su cercanía con el presidente de la República.
Y qué decepcionante sería que se demostrara que la información a la que tuvo acceso Noticias Caracol está en manos de la fiscal general, o que en la Fiscalía General de la Nación no solo no se ha investigado ese material, sino que el día en que fueron incautados ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, entre ellos alias ‘Calarcá’, con el argumento de que eran gestores de paz.
La mención a la vicepresidenta de la República de tener presuntos nexos con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ también resulta traumática para el alma de la Nación, y aunque se aprecia su rechazo a esas versiones que califica como malintencionadas, todo el Estado tiene que moverse para que se descubra la verdad y corran las consecuencias para quienes serán responsables de lo que reveló Caracol, o para quienes hayan inventado infundios en contra del Gobierno.
Mal hecho que el presidente haya afirmado categóricamente que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre el general y el profesor de educación física sean falsos. Esta es una competencia de la que carece y, más bien, lo correcto es adoptar decisiones que aíslen temporalmente a estos y otros funcionarios, de las labores de inteligencia estatal, por la pérdida de confianza en estos por parte de la opinión pública y, a no dudarlo, de los militares y policías que se están jugando la vida en el campo y las ciudades enfrentando a las disidencias y demás bandas criminales.